Washington.- Una nueva regulación de la administración de Donald Trump orientada a restringir la obtención de la residencia permanente comienza a regir el viernes 18 de septiembre, a pesar de los diversos recursos judiciales interpuestos en los tribunales federales para frenar su aplicación.
A través de diversos medios de comunicación se informó que la iniciativa busca endurecer los criterios para evaluar si los residentes legales que solicitan la tarjeta verde podrían ser considerados una «carga pública» debido al uso o necesidad potencial de asistencia gubernamental.
La medida amplía considerablemente los parámetros históricos al facultar a los agentes migratorios para examinar un abanico más amplio de programas de ayuda social, superando la restricción previa que se limitaba casi exclusivamente al apoyo económico directo.
Hoy entra en vigor la norma que puede dificultar a inmigrantes con residencia legal obtener la "green card" https://t.co/dxJkvj6kDr
— CNN en Español (@CNNEE) September 18, 2026
Evaluarán el acceso a prestaciones
Por otro lado, indicaron que bajo este nuevo esquema, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evaluará el acceso a prestaciones sujetas a verificación de ingresos, lo que genera inquietud sobre el impacto indirecto en familias mixtas y en la inscripción a servicios básicos.
Why Trump’s new rule for green card applicants is sparking controversy https://t.co/PqcxNlvRwK
— CTV News (@CTVNews) September 18, 2026
Mientras que organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten sobre un fuerte «efecto disuasorio», estimando que cientos de miles de personas opten por abandonar o evitar programas de apoyo nutricional, médico y de vivienda por temor a perjudicar sus trámites migratorios.
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Asimismo, estudios previos apuntan a consecuencias colaterales sobre la economía local y los presupuestos estatales debido a la reducción en la utilización de dichos servicios públicos esenciales.
Además, recordaron que como respuesta a la entrada en vigor de la directriz, una coalición compuesta por 22 estados, el Distrito de Columbia y un bloque de ciudades ha presentado demandas formales en Nueva York para bloquear la normativa.
Los demandantes sostienen que la regla otorga una discrecionalidad excesiva a los funcionarios y provocará pérdidas millonarias en fondos federales, además de trasladar costos operativos significativos a los gobiernos locales en materia de salud y bienestar.
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