Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Equipo de Tarea de Aplicación del Trabajo Forzado (FLETF), anunció la inclusión de 43 nuevas empresas chinas a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA).
En un comunicado explicaron que esta acción representa la mayor expansión individual de la lista en su historia, elevando el número total de compañías sancionadas a 187, lo que equivale a un incremento del 30%.
Detallaron que a partir del 3 de agosto de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplicará una presunción legal de prohibición a todos los bienes producidos por estas 43 entidades.
Asimismo, las autoridades fundan la medida al comprobar que las empresas sancionadas obtienen insumos directamente de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (XUAR) o colaboran con el gobierno local en el reclutamiento y traslado forzado de minorías perseguidas.
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Reiteran que protegerán la administración federal
Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, enfatizó que la administración federal protegerá la economía interna bloqueando mercancías que vulneren la dignidad humana.
«El trabajador estadounidense no debe ser defraudado por empresas extranjeras que utilizan mano de obra esclava», declaró el funcionario al asegurar que se defenderá al mercado local frente a la competencia desleal.
Destacaron que las corporaciones sancionadas operan dentro de sectores de alta prioridad estratégica para la economía estadounidense, abarcando la producción de aluminio, cobre, algodón, prendas de vestir y derivados del tomate. La medida busca evitar que insumos producidos mediante explotación humana penetren las cadenas de suministro en el comercio minorista norteamericano.
Además, enfatizaron que en el marco de estas políticas de control comercial, la fuerza conjunta DHS-DOJ sobre Fraude Comercial ha alcanzado más de 1.000 millones de dólares en sanciones, recuperaciones y pérdidas imputadas.
Los voceros de Seguridad Nacional advirtieron que los importadores que intenten eludir los controles e importar productos ilícitos procesados con mano de obra forzada serán llevados ante los tribunales.
Por último, señalaron que desde la promulgación de la norma UFLPA, las autoridades aduaneras de EE. UU. han denegado el ingreso a más de 24.300 envíos comerciales valorados en casi 1.000 millones de dólares. Con la publicación del anexo en el Registro Federal el 3 de agosto, el Ejecutivo refuerza la seguridad económica e impone consecuencias a las firmas internacionales que explotan los derechos humanos.
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