Washington.- La Fiscal General, Pamela Bondi, anunció una nueva propuesta de norma del Departamento de Justicia diseñada para facultar a los estados a agilizar las revisiones federales en casos de pena capital.
Así lo anunciaron en un comunicado del Departamento de Justicia, en el que detalló que estas reformas buscan reducir por años el periodo que transcurre entre la condena y la ejecución en los estados.
Bondi, afirmó que el objetivo es cumplir la promesa de una justicia rápida y efectiva para las víctimas de los crímenes más atroces en el país.
De la misma manera, indicaron que la medida se basa en el Capítulo 154 del Título 28 del Código de EE. UU., que permite un proceso acelerado de habeas corpus para estados que establezcan un sistema competente de defensa post-condena. A pesar de que esta ley existe desde 1996, ningún estado ha podido aprovecharla debido a las barreras y obstáculos burocráticos impuestos en administraciones anteriores.
En este sentido, destacaron que la nueva regla busca eliminar estas trabas y hacer que las certificaciones estatales sean permanentes.
Department of Justice Proposes Rule to More Quickly Achieve Justice in State Death Penalty Cases
“This proposed rule will help states achieve the promise of swift and effective justice for victims of capital crimes,” said @AGPamBondi. “We are fulfilling the Department of… pic.twitter.com/MupW2f7kMu
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 17, 2026
Buscan promover la seguridad pública
Por otro lado, enfatizaron que esta iniciativa avanza bajo el mandato de la orden ejecutiva del presidente Trump para restaurar la pena de muerte y promover la seguridad pública.
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Explicaron que la política busca asegurar que las leyes que autorizan el castigo capital se implementen fielmente, levantando moratorias previas y asistiendo a los estados en el procesamiento de delitos graves.
El Departamento de Justicia reafirma su compromiso de que la pena máxima sea el castigo definitivo para los peores criminales.
En este sentido, invitaron al público a participar en este proceso de reglamentación enviando sus comentarios y argumentos a través del Registro Federal. Se espera que, una vez finalizada la norma, más estados soliciten la certificación para agilizar sus procesos judiciales.
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