Washington.- La Oficina de Política de Adquisiciones Federales (OFPP) de la Casa Blanca anunció una reforma histórica al Reglamento Federal de Adquisiciones (FA), considerada la actualización más trascendental en más de cuatro décadas.
En un comunicado de la Casa Blanca, se conoció que la medida, denominada Revolutionary FAR Overhaul (RFO), busca devolver al FAR sus raíces legales, simplificando el lenguaje y eliminando normas que no son obligatorias por ley ni esenciales para la contratación pública.
Detallaron que con esta acción, las agencias federales podrán eliminar de inmediato un tercio de los requisitos en sus futuros contratos que no estén respaldados por estatutos o decretos presidenciales, reduciendo así la burocracia y permitiendo un acceso más ágil a soluciones innovadoras del sector privado, especialmente de pequeñas empresas.
Al respecto, el asesor principal de la OMB, Dr. Kevin Rhodes, al presentar la iniciativa, destacó que “las reglas antiguas estaban hechas para el papeleo; las nuevas están hechas para el rendimiento”.
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“Estamos despejando la maraña burocrática para ganar valor, acelerar entregas y abrir la puerta a una competencia más robusta, donde pequeñas empresas innovadoras y nuevos proveedores podrán participar sin las barreras de siempre”, acotó.
Buscar recortar exigencias obsoletas
Por otro lado, también señalaron que la reforma no solo recorta exigencias obsoletas, como listas de precios en papel o aprobaciones duplicadas, sino que también retira oficialmente las Partes 38 y 51 del FAR, centraliza normas de seguridad en la cadena de suministro en un único apartado, y facilita el registro de contratistas en el Sistema de Administración de Adjudicaciones (SAM).
Además, OFPP instruyó a las agencias a priorizar el uso de contratos “Best in Class” y “Preferred” a nivel gubernamental en lugar de mantener acuerdos fragmentados, con el fin de obtener mejores precios y mayor transparencia para los contribuyentes.
Por último, la Casa Blanca señaló que la Revolutionary FAR Overhaul ya ha eliminado más de 500 requisitos innecesarios, y se espera que la cifra supere los 1.000 al concluir la revisión. Con ello, la administración busca no solo reducir cargas burocráticas, sino también abrir la puerta a un mayor número de proveedores, incluidos fabricantes emergentes y empresas que nunca antes habían trabajado con el Gobierno.
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