Los Ángeles.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que obtuvo una orden judicial permanente contra leyes estatales de California que restringían las operaciones de las fuerzas del orden federales, prohibiendo al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Rob Bonta aplicar disposiciones señaladas de comprometer la seguridad de los oficiales.
Al respecto, el fiscal general, Todd Blanche indicó que “el Departamento de Justicia acaba de obtener una orden judicial permanente contra leyes de California que restringen las operaciones de las fuerzas del orden federales”.
“Dicha orden prohíbe al gobernador de California, Gavin Newsom, y al fiscal general, Rob Bonta, aplicar restricciones a los agentes que pongan en peligro su seguridad. ¡Se trata de una gran victoria para las fuerzas del orden en California!”, afirmó Blanche en sus redes sociales.
The Justice Department just secured a permanent injunction against California laws that restrict federal law enforcement operations — prohibiting @CAgovernor Gavin Newsom and @AGRobBonta from enforcing restrictions on officers that threaten their safety. This is a huge win for… pic.twitter.com/0fhxQtildZ
— Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 19, 2026
EE.UU. demanda al estado de California
Por otro lado, de acuerdo con el fallo emitido por la jueza de distrito Christina A. Snyder en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, la resolución responde a una estipulación conjunta presentada entre el gobierno estadounidense como demandante y el estado de California.
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La orden judicial prohíbe de manera definitiva a Newsom, a Bonta y a cualquier funcionario, agente o empleado estatal hacer cumplir contra Estados Unidos y sus agencias federales las secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California, así como las secciones 185.5 y 13654 del Código Penal del estado.
Asimismo, el documento judicial fechado el 17 de noviembre de 2026 establece la desestimación definitiva (with prejudice) de la acción legal respecto a todos los demandados, dejando sin efecto los plazos procesales previos al aceptar el acuerdo estipulado entre las partes.
Por último, el tribunal federal determinó que conservará la jurisdicción sobre el caso con el propósito de supervisar la implementación y garantizar el cumplimiento de esta sentencia definitiva.
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