Washington.- La administración del presidente Donald Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para solicitar que se permita continuar con la construcción del nuevo salón de baile presidencial en la Casa Blanca.
A través de un comunicado se conoció que la acción legal busca frenar de inmediato la orden de un tribunal federal inferior que bloquea las obras, la cual está programada para entrar en vigor el próximo 21 de agosto.
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Pidieron una pausa administrativa
A través de la solicitud formal interpuesta por el procurador general D. John Sauer en representación del Servicio de Parques Nacionales, el Departamento de Justicia pidió una pausa administrativa inmediata sobre la medida cautelar dictada por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia, en el marco del litigio iniciado por la organización National Trust for Historic Preservation.
🚨 The Trump administration has asked the Supreme Court to allow construction of President Trump's White House ballroom to continue, requesting an immediate pause of the lower-court injunction blocking construction, which is set to take effect on August 21. pic.twitter.com/85pK9V0vBY
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 14, 2026
En sus argumentos centrales, el Gobierno federal sostuvo ante los magistrados que la entidad demandante carece de legitimación activa (standing) para paralizar el proyecto, afirmando que el reclamo se basa únicamente en el desagrado estético anticipado que un miembro de dicha organización expresó respecto al aspecto visual y el diseño arquitectónico de la edificación.
Asimismo, la representación del Ejecutivo enfatizó que el Congreso de los Estados Unidos ya había autorizado y respaldado formalmente el desarrollo de esta obra a través de múltiples leyes y normativas previas, por lo que desestiman los señalamientos de irregularidades administrativas o violaciones a las leyes de preservación histórica.
Con este requerimiento urgente, la Casa Blanca busca evitar la paralización de los trabajos de remodelación en los terrenos del complejo presidencial antes del plazo límite del 21 de agosto, dejando la continuidad del proyecto en manos de la decisión que adopten los magistrados del máximo tribunal del país.
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