Ciudad de México.- Los empresarios en México le plantaron cara al gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, a tal grado que lo demandaron junto con secretarios de estado e inclusive a algunos gobernadores, porque dicen estar cansados de malas prácticas por parte de los funcionarios públicos que han puesto en riesgo el estado de derecho.
En el pasado existieron algunos grupos empresariales opositores al gobierno en turno, pero es hasta ahora cuando la Iniciativa Privada (IP) en México se unió en solo frente.
Aseguran estar hartos de la impunidad, corrupción y que el gobierno negocie las leyes constitucionales, por ejemplo, con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyo conflicto ha provocado el bloqueo de carreteras en su ‘lucha’ para derogar la reforma educativa.
Gustavo de Hoyos Walther, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), detalló en entrevista con Univision Noticias que se interpuso esta demanda de amparo contra el presidente, los secretarios de Gobernación y Educación, así como la procuradora y los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, porque luego de 83 días del conflicto magisterial, las autoridades no han hecho acciones para reestablecer el libre tránsito y con ello la activación del comercio y el turismo.
Ahora queda en manos del juez Agustín Tello Espíndola, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, obligar o no al Estado a reestablecer el orden.
“Con esta demanda de amparo estamos reclamando la desatención de los funcionarios”, dijo De Hoyos, quien espera que el gobierno de Peña Nieto les resuelva la situación, pues adelantó que incluso irán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque con los bloqueos de la CNTE se afectan las libertades de terceros.
De Hoyos aclaró que hasta el momento no está rota la relación entre empresarios y el gobierno, pero aceptó que sí existe inconformidad porque la IP considera que los funcionarios han permitido que se viole la ley de forma sistemática con la ‘bandera’ de protesta social.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que detendrá inversiones por 50 mil millones de pesos mexicanos (2,600 millones de dólares) planeadas para Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, estados donde permanecen las movilizaciones, pues “no hay condiciones”.
“Esta situación ha provocado serias afectaciones a la sociedad de la zona sur del país, donde residen 20 de los 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, y donde precisamente es más urgente impulsar la educación, actividades productivas y generación de empleos para sus habitantes”, apuntó el líder de la Concamin, Manuel Herrera Vega.
Y mientras la Concamin ya advirtió que las empresas de las zonas afectadas no pagarán impuestos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCC) informó por medio de un mensaje al público: “Una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva. Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, en una palabra, con impunidad. Si en aras de resolver un problema político se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales”.
El bloque empresarial
No es la primera vez que las cámaras y organizaciones de negocios se unen. En junio pasado ocurrió un hecho inédito: empresarios se manifestaron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para echar abajo la aprobación de una ley que los obligaba a presentar su declaración fiscal, pues denunciaron que al aprobar esas medidas, los legisladores pretendían endosar la responsabilidad de los funcionarios y pasarla a la Iniciativa Privada.
Luego de una reunión con Enrique Peña Nieto, la IP mexicana logró que se emitiera un veto presidencial a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, gracias a eso, semanas después la legislación ya no contempló una declaración fiscal para particulares.
A esto se suma el reporte de la American Chamber (AmCham), donde hombres de negocios dijeron que la corrupción en México es más preocupante que los secuestros.
A pesar que el secuestro es una de las principales amenazas con un 46%, la corrupción ejercida por funcionarios públicos tienen un impacto del 50%, entre 2015 y 2016, refiere el estudio de la AmCham, que realizó a partir de una encuesta a 340 directores generales de empresas
Alejandra Zapata, integrante de Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó a Univision Noticias que los empresarios están teniendo una participación más activa en los asuntos públicos, no porque haya un desencuentro con el gobierno de Peña Nieto, sino porque “es importante que existan voces y contrapesos para que se avance en la democracia”.
“Lo que vemos hoy es la unidad de la Iniciativa Privada cansada de la impunidad, y de eso también está cansada la sociedad”, dijo Zapata.
La investigadora consideró que las acciones que han empujado los empresarios son un reflejo de la desesperación ante la falta de compromisos y seriedad por parte del gobierno para resolver problemas como el de la CNTE, cuyos líderes tienen mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, esto porque no han sido antendidos por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Nemer.
Desde mediados de mayo los maestros de la CNTE se mantienen en huelga para pedir la derogación de la reforma educativa aprobada en 2013, porque consideran que se trata de un paquede de leyes laborales y no enfocadas en la mejora de la educación.
