Panamá.- Tras el fallo favorable a Panamá, emitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), la nación istmeña continúa hoy sin concretar un acuerdo con Colombia sobre el levantamiento de los aranceles mixtos para textiles y calzados.
Según la viceministra de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) Diana Salazar, si el próximo 2 de agosto, Colombia no alcanza un acuerdo con el Istmo, podrían solicitarle a la OMC un árbitro para que defina un plazo, en el cual el país sudamericano cumpla con la sentencia.
«Después de dicho plazo, Panamá impondrá medidas discriminatorias contra las importaciones de servicios y productos colombianos», precisó.
El litigio, que ayer tuvo otra ronda de negociaciones entre las partes, se basa en un incremento impositivo unilateral de la nación vecina a las mercaderías señaladas, lo que dejó fuera de competencia a los exportadores de la caribeña Zona Libre de Colón (ZLC), una de las causas del retroceso económico del enclave.
«Constatamos que Colombia no ha demostrado que el arancel compuesto sea una medida necesaria para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de 1994», expresó el laudo del ûrgano de Solución de Controversias de la OMC.
El país agotará «todas las instancias disponibles para garantizar que Colombia cumpla prontamente y de manera eficaz con el fallo», y le otorgue a Panamá «las concesiones que le corresponden en materia de acceso al mercado colombiano para nuestras exportaciones», manifestó recientemente el ministro del MICI, Augusto Arosemena.
A raíz del fallo de la OMC, empresarios de la ZLC solicitaron al gobierno nacional la implementación de medidas de retorsión contra Colombia, por lo que consideran violaciones de sus compromisos comerciales, y de no adoptarse las mismas, el casi septuagenario enclave «podría tener sus días contados», aseguró Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios.
Un alto porcentaje de locales comerciales en ese lugar se dedican a la venta de calzados, ropa y logística hacia el mercado colombiano, empresas que mantenían la esperanza de un fallo favorable y de una respuesta contundente por parte del Ejecutivo
