Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó un caso que podría definir las normas para la libertad de expresión en internet. Dado que debe decidir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para combatir publicaciones polémicas en redes sociales.
La mayoría de los nueve jueces del tribunal parecieron inclinarse a favor de los argumentos de la Administración de Joe Biden. Además, mostraron escepticismo hacia la coalición de estados republicanos, encabezados por Misuri y Luisiana. Que acusan a funcionarios federales de presionar a las plataformas de redes sociales para silenciar a los ciudadanos.
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Por su parte, tribunales inferiores, incluida la corte de apelaciones del quinto circuito, la más conservadora del país. Se han posicionado a favor de los estados. Pero el Supremo ha bloqueado esas resoluciones para estudiar el asunto en profundidad.
Acusan de haber vulnerado la Primera Enmienda de la Constitución
Durante la audiencia, el abogado que representaba a los estados, Benjamin Aguiñaga, aseguró que funcionarios de la Casa Blanca, del FBI y de la agencia de ciberseguridad de EE.UU. han ejercido coerción sobre plataformas como Facebook y X para que cambien su contenido.
Asimismo, Aguiñaga acusó a la Administración de Biden de haber vulnerado la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
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Antes de la audiencia, en un video publicado por su oficina, la fiscal general de Luisana, la republicana Liz Murrill, consideró que es “muy peligroso cuando el gobierno federal utiliza su poder y autoridad para impedir que la gente ejerza su libertad de expresión”.
Por su parte, el abogado que representaba al Gobierno, Brian Fletcher, defendió el derecho del Ejecutivo a presentar “argumentos persuasivos” a las grandes empresas de redes sociales. Y pedirles que eliminen contenido que viola sus propias reglas; pero negó cualquier intento de coerción.
Fletcher argumentó que no existe coerción, ya que en todo momento las empresas de redes sociales están “ejerciendo su propio juicio independiente” y tienen la última palabra sobre el contenido que deben retirar.
En este sentido, se espera que la decisión de este caso se tome antes de que finalice el curso judicial del Tribunal Supremo en junio.
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