Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper firmó la Orden Ejecutiva 245 para fortalecer la lucha continua del estado contra COVID-19 con más trabajadores de la salud y flexibilidad para las instalaciones de atención, así como un acceso más fácil a vacunas, pruebas y tratamientos. Las exenciones regulatorias de la Orden son clave para facilitar la respuesta del estado al COVID-19 en esta coyuntura crítica de la pandemia.
“Es más importante que nunca apoyar a nuestros proveedores de atención médica y brindarles más flexibilidad y herramientas. A medida que aumentan las hospitalizaciones, debemos asegurarnos de que las personas reciban la atención médica que necesitan, así como un mayor acceso a vacunas y pruebas ”, dijo el gobernador Cooper.
Carolina del Norte está experimentando una ola significativa de casos de COVID-19 y hospitalizaciones. El motivo es la creciente propagación de la variante Omicron, que es más transmisible que el virus original y variantes anteriores.
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La propagación de esta variante y la variante Delta, particularmente entre la población no vacunada del estado, ha generado una mayor preocupación por parte de los profesionales médicos.
En qué consiste la nueva Orden Ejecutiva
La Orden amplía las disposiciones que dirigen al Director de Salud del Estado a emitir órdenes permanentes en todo el estado para facilitar las pruebas COVID-19, la vacunación COVID-19 y la administración de tratamientos terapéuticos diseñados para prevenir o tratar COVID-19, incluidos los tratamientos con anticuerpos monoclonales y los tratamientos terapéuticos recientemente autorizados.
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Además, la Orden le da al Secretario de NCDHHS flexibilidad para tomar acciones. Entre estas para aumentar la fuerza laboral de atención médica y garantizar la continuidad de las operaciones existentes en los hospitales estatales, hogares de atención para adultos, hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo.
Las juntas de licencias profesionales tendrán autoridad para modificar o dispensar los requisitos que de otro modo impedirían que las personas calificadas, como los profesionales médicos jubilados y los estudiantes capacitados, brinden atención a los pacientes con COVID-19.
La Orden recibió la aprobación del Consejo de Estado.
Por Nota de prensa
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