Detectan 53.000 millones en contratos federales con fallas de E-Verify

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Servicios Generales (GSA), en coordinación con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude presidido por el vicepresidente JD Vance, identificaron a 1.579 contratistas con más de 53.000 millones de dólares en contratos federales que podrían estar incumpliendo los requisitos del sistema E-Verify.

En un comunicado, las agencias informaron que ya se emitieron notificaciones formales a estas empresas otorgándoles un plazo de 30 días para presentar pruebas de cumplimiento, advirtiendo que quienes no acaten la normativa o declaren información falsa enfrentan la cancelación de sus contratos, suspensiones o la inhabilitación para futuras licitaciones públicas.

Explicaron que el sistema E-Verify, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), es una herramienta obligatoria para contratistas federales que permite confirmar que los empleados recién contratados cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos, evitando que fondos de los contribuyentes financien la contratación de mano de obra indocumentada.

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Reforzarán los controles

En este sentido, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, y el administrador de la GSA, Edward C. Forst, enviaron además directrices a los altos ejecutivos de adquisiciones de las agencias federales para reforzar los controles previos y detectar de forma proactiva posibles infracciones.

Mullin enfatizó que el dinero de los contribuyentes estadounidenses nunca debe utilizarse para emplear a extranjeros ilegales, asegurando que bajo el liderazgo de la Casa Blanca se pondrá fin a la falta de escrutinio sobre los grandes contratistas que reciben miles de millones de dólares del Estado.

Por último, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo contra el Fraude, Scott Brady, señaló que garantizar una fuerza laboral legal es un requisito fundamental de integridad y cumplimiento de la ley, reafirmando el compromiso de la administración de supervisar rigurosamente el gasto público.

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