Charlotte, NC.- El Sheriff McFadden se pronunció sobre el DHS y las órdenes de retención de ICE en Mecklenburg. «La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO, por sus siglas en inglés) cumple con la legislación de Carolina del Norte en lo referente a la verificación del estatus migratorio y las órdenes de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)».
Además dijo «Conforme a la sección 162-62 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte (N.C.G.S. § 162-62), el personal de los centros de detención debe intentar determinar la ciudadanía o el estatus de residencia legal de las personas acusadas de delitos específicos. Si el personal no logra determinar dicho estatus, debe realizar una consulta al ICE».
«Cuando el ICE emite una orden de retención y una orden administrativa que, razonablemente, parecen aplicarse a una persona bajo custodia, la ley establece que debe mantenerse a dicha persona detenida para su posterior traslado al ICE», manifestó.
Además aclaró que «Salvo que otro proceso legal exija que la persona permanezca bajo custodia, esta retención finaliza cuando el ICE asume la custodia, cuando el ICE revoca la orden de retención, o bien, al cumplirse 48 horas desde el momento en que la persona habría sido puesta en libertad de no existir dicha orden».
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«Asimismo, el centro de detención debe notificar al ICE dentro del plazo y de la manera estipulados por la ley».
También resultó que «Estamos al tanto de la afirmación del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) de que el condado Mecklenburg representa el 63% de las órdenes de retención del ICE que, según el DHS, no fueron acatadas en Carolina del Norte entre el 20 de enero de 2025 y el 1 de noviembre de 2026».
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«No es posible verificar esa cifra a nivel estatal sin contar con los registros y la metodología subyacentes. Cada solicitud se gestiona de acuerdo con la legislación de Carolina del Norte y las circunstancias particulares de cada caso».
Asimismo insistió que «Las deportaciones reiteradas seguidas de un reingreso al país plantean la interrogante de si las autoridades federales han llevado a cabo procesos penales por reingreso ilegal en los casos en que los hechos y la ley lo justificaban. Según la sección 1326 del título 8 del Código de los Estados Unidos (8 U.S.C. § 1326), el reingreso tras una expulsión puede constituir un delito federal, sujeto a los requisitos y excepciones establecidos en dicha normativa».
«La decisión de presentar cargos penales depende de las pruebas disponibles y del criterio de los fiscales federales. El DHS debería explicar si consideró remitir a los fiscales federales, para su evaluación conforme a la sección 1326, los casos que implican retornos reiterados a los Estados Unidos, así como los fundamentos de tales decisiones».
Finalmente resaltó que «La expulsión por la vía administrativa puede resolver la situación migratoria, mientras que el procesamiento federal —cuando cuenta con sustento legal— permite abordar el reingreso ilegal a través del sistema de justicia penal».