Bogotá.- El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que dio por terminados todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que no demostraron avances concretos en desarme o sometimiento a la justicia.
En un comunicado, explicaron que la medida, efectiva desde el pasado 7 de agosto, pone fin a la política de paz de la gestión precedente.
El Gobierno nacional da por finalizados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos y de la falsa paz. pic.twitter.com/3iLOELTaU6
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 11, 2026
Detallaron que el alcance de esta decisión abarca las mesas de negociación con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y diversas facciones del Estado Mayor de los Bloques (Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes).
Asimismo, acotaron que concluyen los espacios de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y bandas criminales operantes en Medellín, Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, levantándose además la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
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Denunciaron gastos excesivos en el gobierno anterior
Por otro lado, el Ejecutivo denunció que durante el cuatrienio anterior se gastaron más de 7.000 millones de pesos exclusivamente en honorarios para voceros y negociadores, sin contar viáticos ni esquemas de seguridad.
SE ACABÓ LA FALSA PAZ.
En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas.
Durante cuatro años se gastaron más de $7.000… pic.twitter.com/1SORDJUXou
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026
En este sentido, el presidente De La Espriella sentenció que en su gobierno los criminales no tendrán estatus político ni impunidad, advirtiendo que quienes no opten por el sometimiento a la justicia enfrentarán toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.
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