Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos nuevas órdenes ejecutivas orientadas a regular la concesión de la ciudadanía por nacimiento y prohibir la práctica del turismo de parto.
A través de un comunicado de la Casa Blanca, se conoió que las medidas buscan salvaguardar los criterios de elegibilidad constitucional tras la sentencia emitida el pasado 30 de junio de 2026 por la Corte Suprema de Justicia en el caso Trump v. Barbara.
Explicaron que la primera orden ejecutiva especifica una serie de categorías de hijos de ciudadanos extranjeros que no tendrán derecho a la ciudadanía automática.
La disposición gubernamental instruye a los organismos federales a abstenerse de emitir documentos de identificación a menores nacidos de padres indocumentados o bajo estatus temporales que incurran en excepciones históricas especificadas por el Ejecutivo.
🎯 Ensuring large amounts of people who WRONGLY get birthright citizenship will no longer be eligible.
🎯 Taking action to BAN birth tourism.@StephenM explains President Trump's bold and impressive record on securing our borders and protecting the value of American… pic.twitter.com/hizsT4BGyw
— The White House (@WhiteHouse) August 6, 2026
Buscan frenar el turismo de parto
Asimismo, en el segundo decreto presidencial delega facultades al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional para frenar de manera inmediata el turismo de parto y restringir el ingreso de extranjeros que utilicen la admisión temporal para otorgar la nacionalidad a sus hijos.
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La normativa apunta directamente contra redes y organizaciones comerciales que facilitan el traslado de mujeres embarazadas hacia territorio estadounidense.
De la misma manera, desde la Casa Blanca recalcaron que durante los últimos 15 meses no se ha registrado la liberación de inmigrantes indocumentados en el país, como parte de las medidas aplicadas en la frontera sur.
Asimismo, la administración destacó la implementación de un plan de desnaturalización sin precedentes que ha derivado en la iniciación de demandas judiciales contra 88 personas por obtención fraudulenta de la ciudadanía.
Por otro lado, en el balance de gestión migratoria, el Gobierno federal informó la deportación de más de tres millones de personas en situación irregular, incluyendo miles de individuos condenados por delitos violentos.
Adicionalmente, las autoridades congelaron la emisión de visados para 75 países catalogados de alto riesgo y retiraron beneficios sociales pagados con impuestos a más de 1.4 millones de indocumentados.
El paquete de medidas contempla reformas al examen de naturalización y acciones para remover a miles de extranjeros de los padrones electorales estatales. Con estas directivas, la administración ratifica su objetivo de reforzar los controles de elegibilidad e impedir la participación de personas no autorizadas en los procesos electorales de la nación.
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