De La Espriella pide intervención de la Procuraduría en la UNP

Bogotá.-  El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar formalmente la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación ante presuntas irregularidades y falta de garantías en varios procesos de contratación que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En un comunicado, explicaron que la solicitud de vigilancia preventiva, dirigida al Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, busca salvaguardar la transparencia, la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos, especialmente en contratos que comprometen directamente la seguridad del nuevo mandatario, su gabinete y miles de protegidos a partir del próximo 7 de agosto.

Las tres principales alertas contractuales en la UNP

Asimismo, señalaron que el equipo del Gobierno electo detalló los procesos específicos que requieren una revisión minuciosa y urgente por parte del Ministerio Público:

  • Licitación de escoltas por más de $78.000 millones (Proceso PSA-UNP-054-2026): Se solicita la vigilancia y posible suspensión de este contrato, ya que su adjudicación previa al cambio de mando impide al gobierno entrante revisar la idoneidad y perfiles del personal que tendrá a cargo la protección inmediata del presidente electo y sus ministros.

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  • Nombramiento masivo de 5.100 oficiales en provisionalidad: El equipo de De La Espriella alerta que la UNP busca proveer estos cargos de protección en provisionalidad, a pesar de que solo se convocaron cerca de 900 vacantes formalmente a través de un concurso público de méritos.
  • Compra de botes y motores fuera de borda (Proceso SC-UNP-050-2026): Se pide auditar exhaustivamente la adquisición de 188 botes y 264 motores destinados a 29 municipios de nueve departamentos, evaluando detalladamente la planificación, tiempos de ejecución y la pluralidad de oferentes.
  • Contrataciones de julio de 2026 para resguardos indígenas: Se solicita vigilar seis procesos de protección colectiva para verificar si están plenamente justificados o si debieron consolidarse en un solo trámite para optimizar el uso de los recursos públicos.

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