Washington.- La Corte Suprema de Justicia falló el martes 23 de junio a favor de la Administración de Donald Trump con un dictamen de 6 votos contra 3, respaldando la facultad del Gobierno federal para aplicar el estatus de libertad condicional migratoria (parole) a los residentes permanentes legales (green card) que regresen del extranjero si existe sospecha de actividades delictivas.
A través de diversos medios de comunicación se conoció que la resolución judicial marca un precedente histórico que debilita el blindaje legal del que gozaban tradicionalmente los titulares de la residencia frente a los mecanismos de deportación acelerada.
🚨 In a 6-3 vote, the Supreme Court ruled that the INA does not require a border officer to have clear and convincing evidence that a lawful permanent resident has committed a crime involving moral turpitude before deeming the resident an applicant for admission. pic.twitter.com/0iNLoRp2yb
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 23, 2026
Asimismo, trascendió que el litigio técnico que motivó este pronunciamiento constitucional se remonta al año 2012, en el marco de una apelación interpuesta por el ciudadano extranjero Muk Choi Lau, un beneficiario de green card que fue colocado bajo parole migratorio tras realizar un viaje corto fuera del país, debido a una acusación previa por falsificación.
El demandante argumentó formalmente ante los tribunales que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se extralimitaron en sus funciones administrativas y aceleraron de forma indebida un proceso de expulsión en su contra, luego de haberse declarado culpable del cargo de falsificación de marcas registradas.
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Fallo respalda legalmente control de las fronteras
Por otro lado, medios de comunicación indicaron que al defender la validez de la medida ante el máximo tribunal del país, la Administración republicana sostuvo con éxito que la simple sospecha de la comisión de un delito es causa suficiente para someter a un residente legal al régimen de libertad condicional, en lugar de concederle el beneficio de reingreso automático que otorga la tarjeta de residencia.
En este sentido, a través del cuerpo de fiscales federales, el Ejecutivo instó con éxito a la magistratura a ratificar una interpretación amplia y discrecional de la autoridad de la Casa Blanca en materia de control y seguridad fronteriza.
Esta victoria judicial proporciona un sólido respaldo legal a la agenda de control de fronteras del Gobierno, estableciendo nuevas reglas de escrutinio policial para millones de extranjeros con estatus de permanencia legal en la Unión Americana.
Tras conocer el fallo de la Corte Suprema, el asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, afirmó en su red social X que “durante años, el DHS ha limitado arbitrariamente la remoción acelerada a 14 días, a pesar de que se aplica a inmigrantes ilegales que ingresaron al país ilegalmente en los últimos dos años. Hoy, el Circuito de DC vindicó nuestra decisión de aplicar la ley tal como está escrita. ¡No es demasiado tarde para aceptar un cheque de $2.600 y un vuelo gratis de regreso a casa!”.
For years, DHS has arbitrarily limited expedited removal to 14 days even though it applies to illegal aliens who entered the country illegally within the last two years. Today, the DC Circuit vindicated our decision to apply the law as written. It’s not too late to take a $2,600…
— James Percival (@DHSGenCounsel) June 23, 2026
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