Charlotte, NC.- Un tribunal del Condado Johnston dictó una condena de 58 años de prisión contra Fernando Ambriz, de 37 años de edad, tras declararlo culpable por delitos sexuales cometidos contra una menor, específicamente su hijastra de 15 años. El fallo se produjo el martes 28 de abril de 2026, luego de un juicio con jurado en el Tribunal Superior de esa jurisdicción.
El jurado evaluó las pruebas presentadas por la fiscalía y determinó la responsabilidad penal de Ambriz en dos cargos principales: violación de menores y delito sexual legal. El juez impuso una pena máxima de 696 meses de prisión, equivalente a 58 años, en concordancia con la gravedad de los delitos.
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La investigación se inició el 30 de junio de 2024, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Johnston acudieron a un hospital local tras recibir un reporte. La pareja de Ambriz informó a las autoridades que presenció un acto sexual entre el acusado y su hija de 15 años en la vivienda que compartían. Este testimonio activó de inmediato los protocolos de protección a menores y la apertura formal del caso.
Los detectives asignados llevaron adelante una pesquisa exhaustiva que incluyó entrevistas, recopilación de evidencia y análisis forense. A partir de estos elementos, los investigadores obtuvieron órdenes de arresto contra Ambriz por múltiples cargos. Entre ellos figuraron violación de menores, acto sexual por parte de un padre sustituto, libertades indecentes con un niño y delito sexual con un menor.
Durante el juicio, la fiscalía presentó el conjunto de pruebas recabadas a lo largo de la investigación. El jurado valoró la consistencia de los testimonios y la evidencia material para sustentar el veredicto de culpabilidad. La defensa ejerció su derecho a contradecir los señalamientos, pero el tribunal dio mayor peso a los elementos probatorios presentados por los investigadores.
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Tras la lectura del veredicto, el juez procedió a la imposición de la sentencia, sin contemplar medidas alternativas a la privación de libertad. El sistema judicial consideró la naturaleza de los delitos y el impacto en la víctima al momento de fijar la pena.
Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre los agentes, detectives y personal judicial, lo que permitió llevar el caso a juicio con una base probatoria sólida. El proceso concluyó con una condena que refleja la política de tolerancia cero frente a delitos sexuales contra menores en el estado.
