Washington.— El vicepresidente de los Estados Unidos J.D Vance dio a conocer una declaración oficial titulada «El compromiso del vicepresidente para proteger a los estadounidenses contra el fraude», mediante la cual se establece una postura frontal contra el abuso de los programas de beneficios financiados por los contribuyentes.
En un comunicado señala que, si bien los ciudadanos estadounidenses financian sistemas de ayuda para quienes lo necesitan, dicha generosidad ha sido explotada por defraudadores, extranjeros ilegales y burócratas corruptos.
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Enfatizaron que en contraste con administraciones anteriores, la actual gestión encabezada por el presidente Trump y el vicepresidente Vance reafirma su compromiso de combatir activamente a los infractores a nivel nacional para restaurar la confianza pública.
JOIN THE FIGHT.@VP Vance is calling on ALL public officeholders — members of Congress, local and statewide officials — to seek out, prosecute, eliminate, fraud at every level.
It's essential that Americans trust their government to protect their taxpayer dollars. pic.twitter.com/q1Z9cK6lPk
— The White House (@WhiteHouse) October 15, 2026
Protegerán a los estadounidenses
En este sentido, detallaron que la iniciativa se articula en torno a seis compromisos clave orientados a garantizar que:
- Se proteja estrictamente a los estadounidenses vulnerables, como adultos mayores, personas indigentes y con discapacidades, frente a quienes buscan aprovecharse de ellos.
- Los programas financiados con impuestos sirvan exclusivamente a ciudadanos respetuosos de la ley, excluyendo a extranjeros ilegales o defraudadores.
- Se impida el uso de beneficios públicos en la adquisición de bienes de lujo, tales como mansiones o automóviles.
- Las agencias gubernamentales refuercen la coordinación interinstitucional para frenar el fraude antes de que se emita cualquier desembolso.
- Los responsables enfrenten la justicia en los tribunales, cumpliendo penas de cárcel y quedando inhabilitados de por vida para recibir fondos públicos.
- Los defraudadores extranjeros ilegales sean arrestados, procesados, encarcelados y deportados con prontitud.
En este sentido, reiteraron que con esta medida, la administración federal busca blindar los recursos del Estado y garantizar la transparencia y el uso correcto de la asistencia social para las futuras generaciones.
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