Nueva York.- Una jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Nueva York bloqueó de forma preliminar la ley estatal que obligaba a agentes de ICE y fuerzas federales a llevar el rostro descubierto y mostrar identificación visible.
La medida responde a una demanda promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James.
La magistrada federal Mae A. D’Agostino resolvió la suspensión cautelar de las exigencias operativas incluidas en el proyecto de ley del Senado estatal S9005C. La parte querellante argumentó que imponer dichas obligaciones a los agentes federales en el desempeño de sus funciones vulneraba la supremacía de las leyes federales de inmigración.
Pese a frenar los requerimientos de identificación y rostro descubierto, la magistrada mantuvo vigente la ley paralela que pone fin a los acuerdos de cooperación migratoria entre las fuerzas policiales locales y las agencias del Gobierno federal. Esta última disposición mantendrá limitados los canales de enlace entre los departamentos de policía del estado y los oficiales de ICE.
🚨 A federal judge blocked New York's law requiring ICE and other federal law enforcement officers to uncover their faces and display visible identification. However, the judge refused to block New York's separate law ending local immigration enforcement agreements. pic.twitter.com/QoHZxJ20Oh
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 3, 2026
NY no posee la atribución legal
Asimismo, el dictamen judicial de 51 páginas determina que el Estado de Nueva York no posee la atribución legal para regular los métodos de identificación u operativos de las agencias de orden público federales.
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En consecuencia, los agentes dedicados a tareas de control de inmigración podrán continuar ejecutando sus labores bajo los manuales de procedimientos federales vigentes.
La decisión representó un triunfo parcial para la administración federal en su estrategia por invalidar las normativas aprobadas por estados considerados de protección o santuario.
Por su parte, la representación legal de Nueva York evalúa recurrir la orden restrictiva ante las cortes de apelación correspondientes.
Por último, el dictamen se mantendrá aplicable mientras continúe la tramitación de fondo sobre la validez constitucional de la normativa neoyorquina. La resolución marca un precedente sobre los límites de los gobiernos estatales para regular las actuaciones de agencias de inmigración en sus respectivas jurisdicciones.
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