Fiscalía de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales

La Paz.- La Fiscalía General del Estado de Bolivia ordenó formalmente la detención del expresidente Evo Morales, en el marco de una investigación penal que lo señala como presunto instigador de las intensas protestas sociales y bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante más de 50 días entre mayo y junio.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el fiscal general, Roger Mariaca, confirmó públicamente la emisión de la orden de captura tras las pesquisas iniciadas por las paralizaciones viales que colapsaron el tránsito nacional.

Indicaron que las manifestaciones fueron encabezadas originalmente por sectores campesinos y obreros en rechazo a la gestión del presidente Rodrigo Paz, a quien le exigían su renuncia ante la severa crisis económica que enfrenta la nación, considerada la más grave en cuatro décadas. Ante este escenario de conflictividad social, el Ejecutivo boliviano catalogó los bloqueos como un intento desestabilizador impulsado por grupos delictivos para alterar el orden democrático, acusando directamente a Morales de articular las medidas de presión.

Es de mencionar que durante el desarrollo del conflicto, la administración de Rodrigo Paz contó con un firme respaldo internacional por parte de Estados Unidos y las naciones integrantes del bloque Escudo de las Américas (entre las que destacan Argentina, Chile y El Salvador). Estos gobiernos aliados denunciaron de manera conjunta la existencia de planes coordinados para desestabilizar la gestión del mandatario boliviano durante las semanas de paralización.

Ver más: Evo Morales solicita pasaporte diplomático

Morales rechazó la orden de aprehensión

Tras conocerse la medida judicial en su contra, el exjefe de Estado, de 66 años, rechazó categóricamente la orden de aprehensión a través de sus canales oficiales y aseguró que no se dejará amedrentar. Morales sostuvo que la acción penal en su contra forma parte de una «persecución política» promovida desde el poder para intentar frenar su liderazgo.

Por último, el exmandatario aseveró que con este proceso judicial el Gobierno busca atribuirle la responsabilidad directa de las movilizaciones sociales, intentando evadir el descontento popular generado por la crisis económica.

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