Washington, D.C. — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tomar medidas adicionales inmediatas para erradicar las solicitudes de asilo fraudulentas.
En un comunicado, explicaron que esta nueva política busca frenar el abuso sistémico dentro de las cortes de inmigración de los Estados Unidos.
Detallaron que la nueva política instruye a ICE a desarrollar estrategias antifraude para aplicar rigurosamente la ley 8 U.S.C. § 1324c(d), la cual establece sanciones severas por violaciones de fraude documental.
En este sentido, destacaron que con esta herramienta, las autoridades federales buscan cerrar las brechas legales que permiten la falsificación de expedientes.
Under @POTUS, lawyers who help illegal aliens commit fraud will be held accountable. https://t.co/Xgd80uxvhT
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 27, 2026
Alertan sobre los fraudes en migrantes indocumentados
Al respecto, el abogado general del DHS, James Percival, indicó que «durante muchos años, millones de extranjeros ilegales han cometido fraude en nuestro sistema de inmigración, y en ningún lugar es esto más rampante que en los tribunales de inmigración».
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Asimismo, destacó que los beneficios como el asilo están diseñados para circunstancias limitadas y únicas, no como un recurso estándar.
En este sentido, detallaron que esta directiva otorga a los abogados de ICE una mayor autoridad para hacer cumplir la ley, permitiéndoles emprender acciones disciplinarias y legales contra aquellos abogados de inmigración que presenten o fomenten reclamaciones falsas.
Acotaron que históricamente, la agencia dependía de la disciplina de los jueces, pero ahora utilizará sus propias herramientas para disuadir la mala praxis profesional.
Por último, el DHS, reiteró que la medida reafirma el compromiso del presidente Donald J. Trump para restaurar la integridad del sistema migratorio, en línea con su memorando de marzo de 2025 que denunciaba a poderosos despachos legales por instruir a sus clientes a ocultar su pasado o mentir con el único objetivo de eludir las políticas de seguridad nacional y obtener beneficios inmerecidos.
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