Washington.- La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), manifestó su preocupación por una nueva guía del Departamento de Justicia que sugiere que los funcionarios estatales y locales pueden enfrentarse a un proceso federal por limitar la cantidad de asistencia que brindan a las agencias federales que llevan a cabo la aplicación de la ley federal de inmigración.
En este sentido, ACLU emitió un memorando y una carta pública al fiscal general interino, James McHenry, en la que rechazan el escrito del “Departamento de Justicia que amenaza a los funcionarios locales con un proceso penal por negarse a llevar a cabo la agenda de deportación masiva de la administración Trump carece de fundamento legal y es perjudicial para nuestras comunidades”.
Al respecto, la directora política y de defensa de la ACLU, Deirdre Schifeling, explicó que “la Constitución y nuestras leyes son claras: el gobierno federal no puede intimidar a los funcionarios estatales para que lleven a cabo deportaciones, ni puede castigarlos por negarse a hacerlo”.
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“Entendemos que los controles y contrapesos, incluida la autoridad de los estados para dirigir el uso de sus recursos, pueden ser frustrantes para el presidente. Sin embargo, el Departamento y esta administración están sujetos a la Constitución. Los gobiernos estatales y locales no pueden ser obligados a llevar a cabo la agenda política de la administración Trump de sembrar miedo y división en nuestras comunidades”, puntualizó.
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De la misma manera, sostuvo que “la colaboración local con ICE también empuja a las comunidades inmigrantes a las sombras y hace que todos estén menos seguros. “Cuando los funcionarios locales son vistos como agentes del ICE, las personas de familias de estatus mixto no se sienten seguras de ir a la escuela, buscar atención médica o hablar con la policía. Como han dejado claro los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país, es fundamental mantener las funciones locales separadas de la aplicación de la ley de inmigración”.
Además, en el memorando precisa también que la Décima Enmienda y el precedente de la Corte Suprema afirman que el gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer cumplir la ley federal. Además, detalla que los tribunales han abordado específicamente las solicitudes del ICE de asistencia para la deportación y han sostenido que estas solicitudes son y deben ser voluntarias, y que el propio ICE ha admitido repetidamente que sus solicitudes no son obligatorias.
Piden proteger a la comunidad
En este sentido, el escrito recomienda al Departamento de Justicia que “se reúna con los funcionarios estatales y locales contra quienes su agencia ha lanzado estas amenazas: las agencias de aplicación de la ley encargadas de servir y proteger a nuestras comunidades, los educadores que buscan cuidar a los niños y garantizar que puedan aprender y crecer sin miedo, los proveedores de servicios sociales que ayudan a las familias a poner comida en la mesa y acceder a la atención médica. Estos funcionarios estatales y locales no deberían tener que vivir con el temor de un procesamiento federal, simplemente por hacer su trabajo. La ACLU puede facilitar una reunión de este tipo en el momento y lugar que usted elija”.
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