Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, dio a conocer una ampliación en su estrategia regional orientada a combatir de manera frontal la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.
En un comunicado, indicaron que esta nueva ofensiva diplomática y migratoria da cumplimiento formal a los compromisos adquiridos por los socios regionales durante la Cumbre de Doral celebrada en marzo, así como a la declaración oficial emitida por los líderes en la iniciativa Shield of the Americas el pasado 22 de septiembre.
En este sentido, detallaron que como parte central de esta política, el gobierno estadounidense determinó aplicar restricciones de visado a 21 ciudadanos colombianos y a sus respectivos familiares, fundamentándose en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos.
A visa is a privilege and not a right. The United States is imposing visa restrictions on 21 individuals in Colombia to root out criminal networks across our hemisphere.
— Tommy Pigott (@statedeptspox) October 22, 2026
Sancionan para socavar la estabilidad democrática
Por otro lado, las autoridades precisaron que esta normativa sanciona a aquellos extranjeros que, mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico, socavan la estabilidad de los gobiernos democráticos de la región, sin importar su alineación política particular.
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Indicaron que entre los nombres de los primeros siete funcionarios y exfuncionarios colombianos sancionados figuran Ricardo Roa Barragán (expresidente de Ecopetrol), Yahir Fernando Acuña Cardales (alcalde de Sincelejo), el senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett, la representante electa Karen Astrith Manrique Olarte, los exsenadores Julio Elías Chagui Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, además del excongresista José Ignacio Mesa Betancur.
Por último, el Departamento de Estado subrayó que la administración estadounidense mantiene su firme apoyo al gobierno de Colombia en los esfuerzos institucionales destinados a extirpar la influencia criminal enquistada en sectores clave como el poder legislativo, las corporaciones judiciales y las fuerzas de seguridad del Estado.
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