Washington.- Un ciudadano guatemalteco fue condenado a 30 años de prisión federal por su participación en un trágico contrabando masivo de migrantes ocurrido el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas, el cual dejó un saldo de 53 muertes y 11 heridos.
Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un comunicado, en donde identificó al detenido como Rigoberto Ramon Miranda-Orozco, de 39 años de edad.
De acuerdo con la investigación judicial, el acusado conspiró con otros traficantes de personas para facilitar el traslado de decenas de migrantes desde Guatemala y México hacia los Estados Unidos, organizando su transporte en condiciones inhumanas dentro del remolque de un camión que recorrió unas 156 millas desde Laredo.
Las autoridades determinaron que las víctimas viajaron bajo temperaturas cercanas a los 90 grados Fahrenheit y sin aire acondicionado operativo, lo que provocó que los servicios de emergencia encontraran a 48 personas ya fallecidas en el lugar, mientras que otras cinco perdieron la vida posteriormente en hospitales, incluyendo seis menores y al menos una mujer embarazada.
🚨 The Guatemalan national who was extradited to the United States has been SENTENCED to 30 years in prison for his involvement in the 2022 Mass casualty alien smuggling event in San Antonio, Texas.
"These smugglers value profits over people, and their disregard of the risks or… pic.twitter.com/tgY17BUPLe
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 20, 2026
Se declaró culpable en el mes de julio
Al respecto, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que la organización criminal trató a los seres humanos como carga, y destacaron que la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) mantiene una presión implacable contra las redes transnacionales que ponen en riesgo la seguridad fronteriza por lucro financiero.
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Tras el trágico suceso, Miranda-Orozco huyó a Guatemala, país donde fue localizado y arrestado en agosto de 2024 gracias a una solicitud de extradición de los Estados Unidos, siendo finalmente trasladado a territorio estadounidense en marzo de 2025 para responder ante la justicia federal.
Asimismo, el 2 de julio, el acusado se declaró culpable de los cargos de conspiración y complicidad en el tráfico ilegal de personas con resultado de muerte y lesiones corporales graves, cerrando así un proceso judicial respaldado por agencias nacionales e internacionales como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
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