Washington.- El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra tres altos dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo utilizado históricamente por el régimen de La Habana para identificar, cultivar y radicalizar elementos subversivos en territorio estadounidense bajo la fachada de intercambios culturales y educativos.
En un comunicado publicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que esta acción responde al reciente intento del régimen de revitalizar dicha red de injerencia con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales para coordinar acciones directas con altos funcionarios gubernamentales.
Detallaron que entre las personas designadas destaca el actual presidente del ICAP, Fernando González Llort, convicto exespía cubano que cumplió 15 años de prisión en EE. UU. por su papel estratégico en la Red Avispa, una extensa red ilegal de espionaje desmantelada en Florida a finales de los noventa.
Asimismo, reseñaron que tras retornar a la isla, González Llort ha continuado sus esfuerzos de desestabilización a través del ICAP. Como parte de esta medida, se han identificado como propiedades bloqueadas e inmuebles sancionados a las instalaciones clave del ICAP, entre ellas el Campamento Internacional Julio Antonio Mella (CIJAM), la Casa Memorial Salvador Allende y la Casa de la Amistad.
The Cuban regime has spent decades using front groups to infiltrate, corrupt, and radicalize Americans. Today, I'm sanctioning the leadership of ICAP, which is one of the primary organizations involved in these efforts—including convicted Cuban spy Fernando González Llort—and…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 20, 2026
Impacto económico contra el aparato de represión estatal
Asimismo, el Departamento de Estado ha sancionado a nueve entidades clave del régimen, entre las que figura el Ministerio de la Construcción de Cuba, sector estratégico mediante el cual el régimen sostiene financieramente su aparato represivo.
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En este sentido, indicaron que con estas medidas, la administración Trump reitera que no tolerará el flujo de recursos destinados a financiar la represión interna ni el despliegue de campañas subversivas contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, frenando la exportación de ideologías marxistas y violencia de corte comunista.
Señalaron que la base jurídica de estas acciones se fundamenta en la Orden Ejecutiva (O.E.) 14404 del 1 de mayo de 2026, la cual autoriza sanciones integrales contra individuos y organismos que apoyan el aparato de seguridad o participan activamente en la represión del pueblo cubano.
Este instrumento legal permite al Ejecutivo actuar con firmeza frente a amenazas directas a la política exterior y seguridad nacional de los EE. UU., conteniendo la influencia maligna y las actividades clandestinas promovidas desde La Habana.
Por último, señalaron que estas sanciones refuerzan los objetivos de la Orden Ejecutiva 14380 y el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5, los cuales mandatan al Poder Ejecutivo a promover la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el libre mercado en Cuba.
Las autoridades enfatizaron que Estados Unidos no permanecerá impasible ante una potencia extranjera hostil que explote las libertades democráticas para corromper a ciudadanos estadounidenses mediante propaganda y espionaje, reafirmando su respaldo irrestricto a la libertad y soberanía del pueblo cubano.
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