Alexandria.- Un juez federal de distrito en el estado de Virginia emitió una suspensión administrativa que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acceder a cerca de 17 millones de registros de licencias de conducir comerciales (CDL).
En un comunicado se conoció que la orden judicial paraliza de manera provisional la citación administrativa emitida por la agencia federal, mediante la cual pretendía obtener la base de datos nacional de conductores para respaldar labores de control y aplicación de las leyes de inmigración.
La medida cautelar dictada por el juez Anthony Trenga prohíbe formalmente al DHS recibir los documentos requeridos y le ordena instruir a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA) abstenerse de suministrarlos.
🚨 A federal district judge has entered an administrative stay preventing DHS from obtaining roughly 17 million commercial driver's license records it subpoenaed for immigration enforcement. pic.twitter.com/qej9ByHMev
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 15, 2026
Asimismo, se conoció que la directriz establece que, en caso de que la agencia reciba cualquier registro de la base de datos, deberá devolverlo de forma inmediata sin realizar inspección o revisión alguna sobre el material.
Audiencia para el próximo 20 de agosto
Es de mencionar, que la disputa legal se originó a partir de una demanda liderada por el estado de Illinois junto a varios estados y el Distrito de Columbia, quienes solicitaron anular la citación federal (motion to quash) bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 45. Al fundamentar su fallo, el magistrado optó por no aplicar los factores tradicionales de reparación equitativa, invocando en su lugar la Ley de Mandamientos Judiciales (All Writs Act) y las facultades del tribunal para determinar que los fines de la justicia exigían tiempo adicional antes de adoptar una resolución de fondo.
Por último, el tribunal convocó formalmente a una audiencia judicial decisiva para el próximo 20 de agosto, instancia en la que se evaluará la legalidad sustantiva del requerimiento del DHS.
Con esta orden de suspensión, el Poder Judicial coloca en pausa temporal uno de los intentos más extensos de recopilación de datos de transporte con fines migratorios en el país, protegiendo provisionalmente la confidencialidad de millones de licencias de conducir comerciales mientras el tribunal define si la citación del DHS se ajusta o no a la legalidad constitucional.
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