Boston.- En una decisión dividida de 2-1, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos dictaminó que los inmigrantes que ingresaron de manera irregular al país y fueron arrestados posteriormente en el interior tienen derecho a solicitar audiencias de fianza, en lugar de permanecer bajo detención obligatoria mientras se resuelven sus procedimientos de deportación.
En un comunicado se conoció que la mayoría del tribunal fundamentó su fallo en que la normativa migratoria distingue jurídicamente entre un «solicitante de admisión» y alguien que se encuentra «buscando la admisión».
De acuerdo con los magistrados, debido a que estos extranjeros ya cruzaron la frontera y se encuentran residiendo en el país, no están gestionando un ingreso legal formal en ese momento, por lo cual no quedan sujetos al régimen de detención obligatoria estipulado en la Sección 1225 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
🚨 In a 2-1 vote, the First Circuit ruled that immigrants who entered the U.S. illegally and were later apprehended in-country are generally eligible for bond hearings rather than mandatory detention while their removal proceedings are pending. pic.twitter.com/qYrShwCdGw
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 14, 2026
Juez presentó voto disidente
Por otro lado, se conoció que en contraste, el juez Dunlap presentó un voto disidente en el que argumentó que el Congreso estadounidense catalogó expresamente a los indocumentados presentes en territorio nacional como personas sujetas a admisión.
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Dunlap sostuvo que dicha presunción legal equivale a que los migrantes continúan en búsqueda de admisión formal, por lo que deberían mantenerse en custodia preventiva sin derecho a fianza hasta que un juez defina su expulsión.
En este sentido, con esta resolución, el Primer Circuito se alinea con la doctrina adoptada por los circuitos Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo, marcando una clara oposición a las sentencias de los circuitos Quinto y Octavo. Esta discrepancia jurídica consolida una profunda división entre tribunales de apelaciones federales (circuit split), un escenario que incrementa la probabilidad de que la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. deba intervenir para fijar una directriz nacional definitiva.
Por último, se conoció que el litigio (José Arnulfo Guerrero Orellana v. Antone Moniz et al.), derivado del Tribunal de Distrito de Massachusetts, involucra directamente a la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estableciendo un precedente de gran alcance sobre las facultades de detención del Gobierno federal frente a personas que enfrentan órdenes de remoción.
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