Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció una demanda formal contra la Mancomunidad de Virginia, su fiscal general Jay Jones y el fiscal de Fairfax, Steve Descano.
En un comunicado explicaron que la acción legal impugna las normativas estatales que pretenden regular ilegalmente a las fuerzas del orden federales al prohibirles penalmente el uso de máscaras tácticas de protección, exigir identificadores individuales visibles y vetar de forma funcional los acuerdos de cooperación migratoria 287(g) con las agencias locales.
Detallaron que la denuncia alega que las leyes estatales en cuestión, bajo los Códigos de Virginia §§ 19.2-83.6:1 y 15.2-1726.1, amenazan directamente la seguridad física de los agentes federales.
Asimismo, indicaron que de acuerdo con el documento judicial, los oficiales se enfrentan actualmente a una oleada sin precedentes de acoso, revelación de información privada (doxing) y actos de violencia. Forzar a los agentes a enfrentar procesos penales estatales por proteger sus identidades mina las operaciones sensibles y coarta la aplicación efectiva de la ley.
🚨Justice Department Files Complaint Challenging Virginia Mask Ban and Identification Requirements for Federal Officers
"Law enforcement officers risk their lives every day to keep Americans safe, and they do not deserve to be doxed or harassed simply for carrying out their…
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 11, 2026
Blanche alertó que los oficiales arriesgan diariamente sus vidas
Al respecto, el fiscal general interino, Todd Blanche, fustigó duramente las medidas estatales señalando que los oficiales arriesgan sus vidas a diario y no merecen ser hostigados por cumplir con su deber.
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Blanche enfatizó que las políticas de Virginia están diseñadas explícitamente para generar situaciones de riesgo para los agentes federales, por lo que estas normativas no pueden mantenerse en pie bajo el principio de supremacía constitucional que rige en el país.
De la misma manera, el procurador general asociado, Stanley Woodward, sentenció de forma categórica que la gobernadora Abigail Spanberger carece de facultades para interferir en las operaciones tácticas federales.
Paralelamente, el fiscal general adjunto de la División Civil del DOJ, Brett A. Shumate, reafirmó que el gobierno defenderá de forma constante la privacidad y el bienestar institucional de su personal frente a cualquier intento de interferencia de carácter local o estatal.
Por último, indicaron que la División Civil ha recibido instrucciones directas de auditar minuciosamente las normativas de múltiples jurisdicciones para erradicar políticas que impidan el cumplimiento de los mandatos de Washington.
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