Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el lunes 8 de junio la imposición de restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses.
Así lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado en sus redes sociales, en donde indicó que esta contundente medida diplomática responde directamente a la continua ejecución de políticas represivas y a las constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país centroamericano.
Durante el anuncio oficial, Rubio calificó a la administración de Ortega-Murillo como un «enemigo de la humanidad» y responsabilizó directamente a la dictadura por la trágica muerte del líder de la oposición política e indígena, Brooklyn Rivera.
The Murillo-Ortega dictatorship is an enemy of humanity. The Trump Administration will not ignore their crimes and brutality, including the dictatorship’s singular role in the death of political opposition leader Brooklyn Rivera. Today, @StateDept took steps to impose visa…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 8, 2026
Es de destacar, que este suceso ha generado una profunda indignación internacional y ha sido un factor determinante para endurecer la postura de Washington frente a los crímenes y la brutalidad sistemática del régimen sandinista.
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EE.UU. rechaza crímenes y represión en Nicaragua
Por otro lado, en su declaración pública, el alto funcionario diplomático dejó en claro que la actual Administración Trump no ignorará bajo ninguna circunstancia los crímenes ni la represión que sufren los ciudadanos en Nicaragua.
En este sentido, destacó que con esta nueva ronda de sanciones migratorias, la Casa Blanca envía un mensaje inequívoco de que no tolerará la impunidad ni la persecución política ejercida por aquellos que mantienen el control del Estado a través de la violencia y la intimidación.
Asimismo, las penalizaciones anunciadas prohíben el ingreso a territorio estadounidense a un centenar de funcionarios que, según el Departamento de Estado, continúan ejecutando la «agenda maligna» impuesta por el matrimonio presidencial.
Es de mencionar, que aunque los nombres específicos de los sancionados se mantienen bajo reserva por normativas consulares, las medidas apuntan a miembros clave del aparato estatal, policial y judicial que facilitan la opresión, silenciando cualquier forma de disidencia civil.
Por último, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso inquebrantable de utilizar todas las herramientas diplomáticas y legales a su disposición para promover la rendición de cuentas en Nicaragua.
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