Tulsa.- La justicia federal en Tulsa, Oklahoma, anunció la sentencia contra el último de los siete integrantes de una red criminal conformada por ciudadanos de origen guatemalteco, acusados de coordinar, financiar y ejecutar el tráfico ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos.
En un comunicado, explicaron que la organización operaba a nivel transnacional, captando personas en Centroamérica, Sudamérica y Asia para introducirlas ilegalmente a través de la frontera sur estadounidense.
De acuerdo con las investigaciones, la red estuvo liderada por Cidia Marleny Lima López, quien junto a su esposo Ottoniel Castro Argueta y otros cinco cómplices, operó de forma sistemática entre octubre de 2021 y abril de 2025.
De la misma manera, señalaron que la organización cobraba una tarifa aproximada de 5.000 dólares por cada migrante, dinero que era depositado en cuentas bancarias estadounidenses y posteriormente utilizado para la compra de bienes inmuebles y vehículos de lujo.
Ver más: EE.UU. exigirá a extranjeros tramitar la Green Card desde sus países de origen
Migrantes eran retenidos en México
Además, señalaron que el esquema logístico utilizaba plataformas digitales y aplicaciones móviles para coordinar los pagos en Guatemala. Los migrantes eran retenidos en casas de seguridad en México antes de cruzar la frontera de manera clandestina; una vez en EE. UU., choferes de la organización los trasladaban a refugios temporales distribuidos en más de 25 estados, incluyendo California, Nueva York, Florida, Texas, Illinois y las Carolinas.
𝐇𝐨𝐦𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐚𝐬𝐤 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐖𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝 𝐔𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐈𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐥𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐮𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐒𝐦𝐮𝐠𝐠𝐥𝐞𝐝 𝐀𝐥𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬
The last of seven… pic.twitter.com/Jong8WESeO
— U.S. Attorney NDOK (@USAO_NDOK) May 21, 2026
Por otro lado, indicaron que como resultado del fallo judicial, Lima López fue sentenciada a 33 meses de prisión, mientras que su esposo recibió una condena de 51 meses de cárcel.
Además, el tribunal ordenó además el decomiso definitivo de todos sus activos, incluyendo múltiples camionetas, vehículos todo terreno y el derecho de propiedad sobre cinco residencias ubicadas en Oklahoma, fondos que habían sido adquiridos directamente con las ganancias del contrabando humano.
Detallaron además, que este proceso penal se ejecutó bajo el amparo de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), un esfuerzo interinstitucional federal que integra a la DEA, el IRS, el Servicio de Alguaciles y la oficina de ICE.
En este sentido, las autoridades confirmaron que todos los implicados carecían de estatus legal en el país, por lo que serán deportados de forma inmediata una vez que cumplan sus respectivas sentencias en prisiones federales.
Video: Más inmigrantes abandonan casos migratorios
