Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la creación oficial de «The Anti-Weaponization Fund» (El Fondo Anti-Instrumentalización), un mecanismo sistemático diseñado para escuchar y resarcir las reclamaciones de ciudadanos que hayan sufrido persecución política o judicial («lawfare»).
En un comunicado, explicaron que esta medida forma parte del acuerdo de resolución de la demanda civil interpuesta por el presidente Donald J. Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, y la organización Trump Organization, LLC, contra el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tras la filtración ilegal de sus declaraciones de impuestos.
Señalaron que bajo los términos estrictos del acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, los demandantes recibirán una disculpa formal por parte del gobierno federal, pero no obtendrán ningún pago monetario ni indemnización por daños de ninguna clase.
De la misma manera, indicaron que a cambio de la constitución de este fondo institucional para la ciudadanía, la familia Trump aceptó retirar definitivamente y con perjuicio su demanda actual, además de desistir de dos reclamaciones administrativas vinculadas al registro de Mar-a-Lago y a la investigación sobre la colusión rusa.
🚨Justice Department Announces Anti-Weaponization Fund: Part of settlement agreement in President Donald J. Trump v. Internal Revenue Service
Per the settlement, plaintiffs will receive a formal apology but no monetary payment or damages of any kind.
There are no partisan…
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 18, 2026
Contará con presupuesto inicial
Al respecto, el Fiscal General Adjunto en funciones, Todd Blanche, afirmó que la maquinaria estatal jamás debe ser utilizada como un arma contra ningún ciudadano estadounidense y que este fondo establece un proceso legal transparente para las víctimas.
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Asimismo, las autoridades judiciales confirmaron que el Fondo contará con un presupuesto inicial de 1.776 millones de dólares provenientes del fondo de sentencias judiciales de la nación, una partida presupuestaria perpetua que faculta al DOJ para resolver y liquidar litigios estatales.
En este sentido, señalaron que a diferencia del precedente histórico del caso «Keepseagle» de la era Obama —donde el dinero remanente se desvió a organizaciones no gubernamentales que nunca realizaron reclamos—, cualquier fondo sobrante que quede cuando esta entidad cese operaciones se revertirá íntegramente al Gobierno Federal.
Además, indicaron que la junta administrativa estará integrada por cinco miembros designados por el Fiscal General (uno de ellos en consulta previa con el liderazgo del Congreso), y el presidente mantendrá la facultad de remover a cualquier integrante bajo los mismos criterios de selección.
Por último, explicaron que la recepción y procesamiento de solicitudes ante este nuevo organismo será de carácter completamente voluntario y no contará con ningún tipo de requisito de afiliación partidista para los reclamantes.
Acotaron que para garantizar la transparencia y evitar fraudes financieros, la institución se someterá a auditorías periódicas dictadas por el Fiscal General y deberá cesar definitivamente el procesamiento de todas las reclamaciones de indemnización a más tardar el 1 de diciembre de 2028.
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