Caracas.-Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas PROVEA y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), rechazaron el anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la finalización de la Ley de Amnistía en Venezuela.
A través de sus redes sociales las ONG denuncian que esta medida es arbitraria e inconstitucional, ya que la derogación de una ley no es competencia del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, lo que representa un grave atropello al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho.
#ATENCIÓN El reciente anuncio sobre la finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de Derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 23, 2026
Para los activistas, el cese de este instrumento jurídico constituye un acto de inseguridad legal que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y profundiza la brecha de impunidad. Al clausurar la ley mediante una declaración administrativa, se envía una señal alarmante al sistema judicial, instruyendo de facto a los tribunales para que desestimen solicitudes de libertad bajo premisas que no existen legalmente en el país.
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Exigen la liberación de todos los presos políticos
En el caso de PROVEA recordó que, pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía representaba un primer paso fundamental para desarmar el entramado represivo que ha afectado a la población en años recientes. Su interrupción unilateral anula el principio de progresividad de los derechos humanos y contradice el discurso de paz y convivencia que el Gobierno ha venido anunciando ante la comunidad internacional y la opinión pública.
"Esta ley de amnistía llega a su fin".
Tras el anuncio realizado por @delcyrodriguezv sobre el fin de la Ley de Amnistía, recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional.
Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no… pic.twitter.com/IToJ79esiY
— PROVEA (@_Provea) April 24, 2026
De la misma manera, según los datos de la ONG JEP, el impacto humano de esta decisión es crítico, ya que más de 670 presos políticos continúan recluidos en las cárceles venezolanas. Las organizaciones temen que el fin de la ley confirme que este instrumento fue utilizado simplemente como un ejercicio de retórica política, en lugar de ser una herramienta genuina para devolver la libertad a quienes han sido detenidos por motivos ideológicos.
Por último, los defensores de derechos humanos exigen la liberación plena e inmediata de los detenidos y el fin de las leyes empleadas para criminalizar la disidencia.
Insisten en que una verdadera reconciliación nacional no puede construirse sacrificando la justicia por conveniencia política, y recalcan que la libertad no tiene fecha de caducidad ni debe estar sujeta a decisiones administrativas del poder central.
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