Washington.- La administración estadounidense ha implementado una nueva directriz que reduce drásticamente el período disponible para que los refugiados defiendan la permanencia de su estatus migratorio.
A través de diversos medios de comunicación se conoció que a partir del miércoles 14 de octubre, el plazo pasa de 30 a únicamente 10 días, una modificación que organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos consideran que incrementa de forma significativa el peligro de deportación para decenas de miles de personas que escaparon de conflictos bélicos y persecuciones.
De la misma manera, trascendió que esta modificación reglamentaria se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump orientada a modificar y limitar severamente el programa humanitario de reasentamiento.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció una norma final provisional que reducirá el plazo que tienen los refugiados para impugnar la cancelación de su estatus de 30 a 10 días.https://t.co/17418tTgRJ
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 14, 2026
Buscan mitigar diversos riesgos en EE.UU.
Por otro lado, de acuerdo con los documentos oficiales, la medida busca mitigar posibles riesgos vinculados a individuos admitidos bajo la administración anterior que, según criterio gubernamental, carecían de los méritos necesarios para recibir dicha protección, argumentando una supuesta pérdida de integridad en el programa.
🇺🇸 | Trump reduce de 30 a solo 10 días el plazo para que los refugiados impugnen la pérdida de su estatus legal.
El presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, están reduciendo de 30 a apenas 10 días el plazo que tienen los refugiados para… pic.twitter.com/CgqCAWcYMH
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) October 14, 2026
Asimismo, detallaron que la directriz impacta directamente a aproximadamente 185.000 personas que ingresaron al país durante el mandato de Joe Biden y que todavía mantienen trámites pendientes para la obtención de sus tarjetas de residencia.
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Voceros gubernamentales justifican la revisión de estos expedientes, mientras que defensores de los migrantes rechazan categóricamente los señalamientos sobre fallas estructurales previas en el proceso.
Es de mencionar, que diversas agrupaciones especializadas en asistencia social han manifestado su profunda preocupación ante la rapidez exigida por las autoridades federales.
Líderes de organizaciones como Global Refuge, HIAS y Church World Service han señalado que un margen de diez días resulta totalmente insuficiente para que los afectados logren contactar representación legal, traduzcan la documentación requerida u obtengan archivos oficiales desde sus lugares de origen.
En este sentido, con esta nueva disposición, los críticos advierten que se vulneran las garantías de defensa y se desprotege a comunidades enteras que buscaban refugio legítimo en territorio norteamericano.
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