Raleigh, NC.- Carolina del Norte llega al 1 de octubre de 2026 con una nueva etapa de aplicación de la Ley SB 153, conocida como North Carolina Border Protection Act. La normativa establece obligaciones específicas para cuatro dependencias estatales en materia de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de fijar mecanismos de supervisión sobre su cumplimiento.
La ley involucra al Departamento de Seguridad Pública (DPS), el Departamento de Correcciones para Adultos (DAC), la Patrulla Estatal de Carreteras (SHP) y el Buró Estatal de Investigaciones (SBI). Estas dependencias deben establecer memorandos de acuerdo con ICE bajo el programa federal 287(g), que permite a determinados agentes estatales ejercer funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias bajo supervisión federal.
La legislación también exige que cada agencia desarrolle políticas internas para que sus empleados intenten determinar la ciudadanía o residencia legal de las personas que se encuentren bajo su custodia o supervisión. Los funcionarios pueden realizar preguntas o revisar documentos para obtener esa información.
Cuando esos mecanismos no permitan determinar el estatus migratorio, los empleados deberán realizar una consulta con ICE. Si determinan que una persona no cuenta con ciudadanía o residencia legal, deberán entregar a la agencia federal la información que esta solicite, dentro de los límites establecidos por la legislación.
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El 1 de octubre marca además el plazo que la ley establece para que las cuatro dependencias reporten sus memorandos de acuerdo y las políticas correspondientes ante el Comité Legislativo Conjunto de Supervisión sobre Justicia y Seguridad Pública.
La normativa contempla una segunda fecha relevante. El Auditor Estatal de Carolina del Norte deberá realizar una revisión del cumplimiento de estas disposiciones y presentar los resultados ante la Asamblea General antes del 31 de diciembre de 2026.
La Asamblea General anuló el veto del gobernador Josh Stein el 24 de junio de 2026, fecha en la que entró en vigor esta parte de la legislación. El texto final identifica la cooperación con las autoridades federales de inmigración como uno de sus componentes centrales.
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La SB 153 forma parte de un conjunto más amplio de disposiciones relacionadas con inmigración, beneficios públicos, vivienda, empleo y universidades estatales. Algunas de esas medidas establecen calendarios diferentes y obligaciones adicionales que continuarán durante 2027.
Para las comunidades de Carolina del Norte, el cambio implica una mayor participación formal de determinadas agencias estatales en procesos de cooperación migratoria con ICE, mientras el Estado avanza hacia las próximas etapas de supervisión y cumplimiento previstas por la ley.
