Denver.- Un juez federal emitió una orden que bloquea parcialmente la entrada en vigor de la ley estatal HB 26-1276, la cual buscaba imponer nuevos requisitos de inspección y sanciones sobre el Centro de Procesamiento de ICE en Aurora, administrado por The GEO Group, Inc..
En un comunicado, explicaron que la resolución judicial determinó que la norma vulnera probablemente la inmunidad intergubernamental federal, al dirigir un esquema regulatorio exclusivo contra una entidad que opera bajo contrato con el gobierno de Estados Unidos.
Detallaron que la decisión fue dictada este 20 de agosto de 2026 por el juez principal Daniel D. Domenico, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Colorado.
Colorado argued the law merely subjects GEO to requirements similar to those governing other private detention facilities. Domenico disagreed: HB 1276 creates a separate regulatory scheme for federal immigration contractors, including unique inspections and penalties.
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 20, 2026
De la misma manera, explicaron que el fallo responde a la demanda presentada por The GEO Group contra el fiscal general del estado, Phil Weiser, y directivos del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), argumentando que la legislación estatal se enfoca de manera discriminatoria en las instalaciones destinadas a la detención civil de no ciudadanos.
Actualmente, el complejo de Aurora es la única instalación en todo el estado cubierta por la ley HB 1276. Si bien la empresa operadora no cuestiona la aplicación de las normativas generales de salud y seguridad pública vigentes en Colorado para instalaciones públicas, impugnó con éxito la creación de un régimen regulatorio paralelo diseñado específicamente para contratistas de inmigración federal.
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Alertan que buscan frenar los intentos de Colorado
Por otro lado, frente a la demanda, el estado de Colorado sostuvo que la ley simplemente buscaba equiparar las exigencias de GEO a las de otros centros de detención privados.
Sin embargo, el juez Domenico desestimó esa postura al concluir que HB 26-1276 establece inspecciones singulares, estándares diferenciados y penalizaciones específicas para quienes prestan servicios de custodia migratoria, incurriendo en una fiscalización estatal indebida sobre funciones de competencia federal.
En este sentido, indicaron que con este dictamen, la justicia federal frena los intentos de Colorado por ejercer control sobre el único centro de detención migratoria del estado. La medida cautelar mantendrá suspendidos los nuevos requisitos de inspección estatal sobre la instalación de GEO Group mientras continúa el curso del litigio, reafirmando los límites constitucionales que impiden a los estados regular de forma selectiva las operaciones del gobierno federal.
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