Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó una actualización integral en su Manual de Políticas para normar cómo evaluará si un solicitante de ajuste de estatus a la residencia permanente legal (Green Card) es inadmisible por riesgo de convertirse en carga pública.
En un comunicado se conoció que la medida entra en vigor formalmente el 18 de septiembre de 2026, fecha en la que queda rescindida por completo la normativa flexible establecida en 2022 durante la administración Biden.
La nueva directriz responde a la directiva final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicada en el Registro Federal el pasado 20 de julio, cuyo objetivo es garantizar el principio de autosuficiencia económica para que los extranjeros en el país no dependan de subsidios financiados por los contribuyentes.
Asimismo, señalaron que el ajuste afectará las solicitudes de residencia basadas en peticiones familiares (cónyuges, padres e hijos de ciudadanos y residentes), categorías laborales y de inversionistas, así como a beneficiarios de la lotería de visas de diversidad.
Al momento de adjudicar los casos, los oficiales de inmigración deberán analizar cinco factores estatutarios obligatorios: edad, estado de salud, condición familiar, capacidad financiera y nivel educativo o destrezas laborales, complementados con el Formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico). Además, para trámites presentados a partir del 18 de septiembre, USCIS tomará en cuenta la recepción de todo tipo de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, tales como asistencia monetaria, cupones de alimentos (SNAP), subsidios de vivienda y ayuda financiera universitaria.
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Delimita a diversas categorías
Por otro lado, señalaron que la normativa delimita con claridad las categorías protegidas que están exentas de la regla de carga pública, entre las que se encuentran los asilados, refugiados, solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS), víctimas de trata humana (visa T), víctimas de delitos graves (visa U), autopeticionarios bajo la ley VAWA y solicitantes bajo leyes especiales como la Ley de Ajuste Cubano y la ley de refugiados haitianos.
Por último, señalaron que en los casos en que un solicitante resulte inadmisible exclusivamente bajo esta causal, USCIS podrá emitir una Notificación de Intención de Denegación (NOID) invitándolo a presentar una fianza de carga pública (Formulario I-945) en efectivo o fianza garantizada. El monto de dicha fianza será calculado en función del valor estimado de la asistencia pública que la persona podría recibir a lo largo de un período de cinco años.
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