Washington.- Los abogados que representan la demanda colectiva Barbara v. Trump presentaron el 11 de agosto de 2026 una moción ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de New Hampshire para bloquear la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La representación legal sostuvo que la directiva presidencial desafía el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia e intenta crear ilegalmente nuevas excepciones a la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
La acción judicial cuestiona la orden ejecutiva firmada el 6 de agosto, titulada «Continuando con la Protección del Significado y Valor de la Ciudadanía Americana». De acuerdo con la moción interpuesta, el decreto ordena a las agencias federales negar la ciudadanía por nacimiento a menores cuando ninguno de los padres sea ciudadano ni residente permanente, y al menos uno de ellos encaje en categorías restrictivas fijadas por el Ejecutivo.
🚨 Plaintiffs in the birthright citizenship case are asking a federal judge to block President Trump’s new executive order, arguing it defies the Supreme Court’s ruling and unlawfully creates new exceptions to the Citizenship Clause. pic.twitter.com/kbcHBUb2mE
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 11, 2026
Puntos centrales de la moción judicial y el decreto cuestionado
Por otro lado, se conoció que los demandantes argumentan que el máximo tribunal ya ratificó en Trump v. Barbara que la Decimocuarta Enmienda no está sujeta a revisiones ejecutivas ni a excepciones adicionales a las reconocidas históricamente en United States v. Wong Kim Ark.
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De la misma manera, la orden ejecutiva busca denegar la nacionalidad si los padres son catalogados como «extranjeros enemigos», trabajan para ciertos gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales, o si presuntamente utilizaron fraude o transacciones comerciales (turismo de parto).
Además, los abogados solicitaron al juez aclarar, modificar o emitir una nueva orden de suspensión cautelar (preliminary injunction) que impida a las agencias gubernamentales implementar estas denegaciones de documentos.
Por último, se conoció que el equipo legal emphasized que el Poder Ejecutivo no posee la facultad de alterar los principios constitucionales de ciudadanía establecidos desde 1868.
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