Raleigh, NC.- El proyecto SB 101 que persigue la colaboración de los alguaciles con el ICE avanza en el Senado de Carolina del Norte. La propuesta plantea que las policías locales notifiquen a la agencia federal cuando un acusado está ilegalmente en Estados Unidos.
El proyecto presentado por senadores republicanos fue votado este martes por el Comité Judicial y ahora pasará al Comité de Reglas y Operaciones donde los conservadores también son mayoría.
Se espera que la propuesta legal avance sin complicaciones hasta la Cámara Alta para su discusión final. Sin embargo, su contenido es similar al vetado en 2019 por el gobernador Roy Cooper, quien en definitiva tendrá la última palabra sobre una eventual entrada en vigencia del proyecto.
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En la sesión de este martes, el senador Chuck Edwards, copatrocinador del proyecto, dijo que está seguro que los ciudadanos estarían de acuerdo en que varias agencias de aplicación de la ley cooperen juntas para asegurarse de que las leyes se cumplan y que los criminales sean llevados ante la justicia.
Según el proyecto, los alguaciles y otros administradores de cárceles deben verificar el estado migratorio de cada persona acusada de delitos graves relacionados con drogas o delitos violentos, y retener a cualquier acusado sujeto a las detenciones de ICE que buscan su custodia. Anteriormente también incluía a personas acusadas de conducir bajo efectos del alcohol.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene hasta 48 horas para recoger a los detenidos.
Sheriff de Mecklenburg habla al Senado
El sheriff de Mecklenburg, Garry McFadden, dijo a los senadores que los agentes de ICE deberían obtener una verdadera orden de arresto, firmada por un funcionario judicial federal, para detener a alguien, en lugar de colocar la carga administrativa y financiera sobre los alguaciles.
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El proyecto SB 101 causó un gran rechazo por parte de la comunidad inmigrante en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles considera que esta legislación propuesta no proporciona ninguna protección para los testigos y las víctimas de delitos, incluidos los sobrevivientes de la violencia doméstica, que pueden ser disuadidos de informar si creen que la aplicación de la ley está trabajando con ICE.
“Las fuerzas del orden locales no deberían tener que cumplir las órdenes de ICE cuando esto perjudica la confianza y la seguridad de la comunidad”, agregó.
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