Washington.- El Departamento de Justicia anunció que un Gran Jurado en Montgomery ha presentado formalmente una acusación contra el Southern Poverty Law Center (SPLC) que incluye 11 cargos por fraude electrónico, declaraciones falsas a bancos y conspiración para el lavado de dinero, tras una investigación liderada por el FBI y el IRS.
En un comunicado, explicaron que las autoridades alegan que la organización utilizó una red de cuentas bajo entidades ficticias para ocultar el origen y destino de fondos obtenidos mediante engaños a sus donantes.
La fiscalía sostiene que, entre los años 2014 y 2023, la organización desvió en secreto más de 3 millones de dólares en donaciones hacia individuos vinculados a grupos extremistas violentos, tales como el Ku Klux Klan, Aryan Nations y el Partido Nacional Socialista de América.
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Destacaron que este esquema permitía al SPLC financiar a los líderes de las mismas agrupaciones que denunciaba públicamente en su sitio web, traicionando la confianza de quienes aportaban capital para combatir el odio.
“The SPLC is manufacturing racism to justify its existence,” said Acting Attorney General Todd Blanche. “Using donor money to allegedly profit off Klansmen cannot go unchecked. This Department of Justice will hold the SPLC and every other fraudulent organization operating with… pic.twitter.com/FU8XDMbLrr
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 21, 2026
Califican como “una masiva operación de fraude”
Al respecto, el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, afirmó de manera contundente que el SPLC ha estado «fabricando racismo para justificar su existencia» y lucrando con el dinero de sus donantes al financiar a miembros del Klan, asegurando que ninguna entidad está por encima de la ley.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó el operativo como una «masiva operación de fraude» destinada a enriquecer a la organización mientras ocultaba sus maniobras del escrutinio público.
De la misma manera, indicaron que la investigación reveló que este sistema de infiltrados y pagos encubiertos operaba desde la década de 1980, utilizando las donaciones destinadas a la justicia racial para costear actividades de grupos que facilitaban la comisión de delitos federales y estatales.
Por último, el Departamento de Justicia enfatizó que esta decepción no solo constituye un delito grave, sino que socava la confianza pública y la cohesión social al utilizar recursos de buena fe para fortalecer a los extremistas.
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