Washington.- El Departamento de Justicia propuso una norma para otorgar alivio a ciertas personas a las que se les prohíbe poseer armas de fuego en Estados Unidos.
A través de un comunicado, detalló que el presidente Trump ordenó abordar las continuas violaciones de los derechos amparados por la Segunda Enmienda de todos nuestros ciudadanos.
Detallaron que la ley federal inhabilita el derecho a poseer armas de fuego a muchos ciudadanos condenados por delitos, independientemente de si representan una amenaza de violencia.
Además, indicaron que “la ley federal también faculta al fiscal general para restaurar los derechos amparados por la Segunda Enmienda a las personas que no sean probables a actuar de manera peligrosa para la seguridad pública».
Justice Department Publishes Proposed Rule to Grant Relief to Certain Individuals Precluded from Possessing Firearms@POTUS Trump directed the Department of Justice to address the ongoing infringements of the Second Amendment rights of our citizens—all of them.
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— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 18, 2025
En este sentido, anunciaron que el Departamento de Justicia presentó a la Oficina del Registro Federal una propuesta de norma sobre el ejercicio de la autoridad del fiscal general, en virtud del artículo 925(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, para otorgar amparo a las personas que, de otro modo, tendrían prohibido poseer armas de fuego.
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Analizarán caso por caso
Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi, destacó que «durante demasiado tiempo, innumerables estadounidenses con antecedentes penales han estado privados permanentemente del derecho a poseer y portar armas —un derecho tan consagrado constitucionalmente como el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al libre ejercicio de la religión—, independientemente de si representan una amenaza».
«Ya no la norma propuesta brindará a los ciudadanos cuyos derechos de armas de fuego se encuentran actualmente en estado de incapacidad legal una vía para restaurarlos, a la vez que mantendrá las armas de fuego fuera del alcance de delincuentes peligrosos e inmigrantes indocumentados”, destacó Bondi.
Además, señaló que la fiscal general tendrá la máxima discreción para otorgar la exención, y la ejercerá caso por caso, considerando todos los hechos y pruebas disponibles que respalden la solicitud de cada persona. Sin embargo, “salvo circunstancias extraordinarias, los delincuentes violentos, los delincuentes sexuales registrados y los inmigrantes indocumentados, en particular, seguirán presuntamente inelegibles para la exención”.
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