Charlotte, NC.- Acusaron a una mujer de Charlotte de usar identidades que robó para obtener múltiples préstamos universitarios para miembros de su familia.
#Charlotte woman is charged with using stolen identities to obtain multiple college student loans for family members.
w/ @USPIS_CLT @CMPD https://t.co/2wTxXEOPK0— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) November 25, 2024
Un gran jurado ha acusado a Tammy Cox, de 52 años de edad, de Charlotte, de múltiples cargos federales por robar las identidades de sus compañeros de trabajo para obtener préstamos para estudiantes universitarios para miembros de su familia, anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Cox estuvo en el tribunal federal el 25 de noviembre para su comparecencia inicial.
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Jason Krizmanich, inspector interino a cargo de la División de Atlanta del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. (USPIS), que supervisa Charlotte, y el jefe Johnny Jennings del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), se unen al Fiscal Federal King para hacer el anuncio.
Según las acusaciones, desde agosto de 2019 hasta al menos julio de 2023, Cox participó en un plan para robar las identidades de cinco compañeros de trabajo, incluidos sus números de Seguro Social, que utilizó para obtener de manera fraudulenta préstamos para estudiantes universitarios para miembros de su familia.
La acusación formal alega que Cox afirmó falsamente que sus compañeros de trabajo eran cosignatarios en las solicitudes de préstamo y declaró falsamente que sus compañeros de trabajo habían acordado ser igualmente responsables de los préstamos.
Además durante el plan, Cox solicitó fraudulentamente al menos 13 préstamos para estudiantes universitarios por más de $250.000.
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Cox está acusada de un cargo de fraude electrónico que afecta a una institución financiera y siete cargos de fraude a una institución financiera. Cada cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1.000.000.
También Cox también está acusada de cinco cargos de divulgación de números de Seguro Social, que conllevan una pena máxima legal de cinco años de prisión y una multa de $250.000 por cada delito imputado.
Los cargos contra Cox son acusaciones y la acusada es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
El USPIS y el CMPD investigaron el caso.
El fiscal adjunto especial Eric Frick de la Fiscalía de Estados Unidos en Charlotte está a cargo del caso.
