Washington, DC.- Un juez federal del Distrito de Columbia suspendió una regla establecida casi al final del gobierno de Donald Trump, la cual aceleraba las deportaciones.
La regla facultaba a un alto funcionario del gobierno a revertir sentencias dictadas por los jueces de inmigración y a expulsar del país de manera acelerada a inmigrantes indocumentados que habían ganado sus casos en el marco del debido proceso, publicó Univisión.
Según la norma, a partir del 15 de enero, cinco días antes de la toma de posesión de Joe Biden, todos los dictámenes emitidos por los jueces de inmigración podrían ser revertidos.
La regla fue emitida por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Esta es una dependencia del Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés).
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Pero, el juez federal de distrito, Richard J. León, respondió favorablemente a la demanda de cinco organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes.
Los demandantes alegaron que la regla “priva ilegalmente a los inmigrantes del acceso a una audiencia completa e imparcial” en una corte de inmigración.
Además dijeron que limita su derecho a presentar pruebas y a seleccionar un asesor legal de su elección. También elimina los medios esenciales para obtener ayuda migratoria.
Deportaciones
La norma formó parte de la política de “Tolerancia cero” de la Administración Trump. Esta redujo drásticamente el tiempo permitido para presentar escritos legales en los casos. La decisión, según los demandantes, hizo más difícil para los inmigrantes encontrar un abogado para los procesos de apelaciones.
La regla revirtió procedimientos para determinar la salida voluntaria. Asimismo, eliminó la autoridad de los jueces de inmigración y de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés) para cerrar administrativamente los procedimientos o reabrirlos bajo su autoridad.
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En su escrito, el juez León le dio la razón a los grupos demandantes. «Han demostrado un daño probablemente irreparable si no se realiza la suspensión”.
La demanda la presentaron en enero la Red Católica de Inmigración Legal, los Servicios de Defensa de Brooklyn, el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence, la Sociedad de Ayuda para Inmigrantes Hebreos y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
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