Charlotte, NC.- La Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte confirmó el arresto de dos oficiales de detención del condado Rockingham tras una investigación por presunto uso excesivo de la fuerza dentro de un centro penitenciario. El caso se originó el 17 de marzo de 2026, cuando el Rockingham County Sheriff’s Office solicitó apoyo formal para esclarecer una denuncia ocurrida en el Centro de Detención del condado.
Los agentes del SBI iniciaron las pesquisas tras recibir el reporte de un altercado entre dos funcionarios y un recluso de 71 años de edad. Según la información oficial, los oficiales identificados como Jonathan Montanez-Figueroa, de 35 años de edad, y Damion Matthew Gage Brown, de 20 años, participaron en el incidente que derivó en lesiones graves para el interno.
Durante el enfrentamiento, el recluso sufrió daños físicos de consideración, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica. Las autoridades no han divulgado detalles específicos sobre la condición actual del afectado, pero confirmaron la gravedad de las lesiones como elemento central en la investigación.
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Tras recopilar testimonios, evidencias físicas y registros del centro de detención, el SBI concluyó que existían fundamentos suficientes para proceder con cargos penales contra ambos oficiales. Las autoridades imputaron a Montanez-Figueroa y Brown por delito grave de agresión que inflige lesiones corporales graves, una acusación que conlleva consecuencias legales severas en el sistema judicial del estado.
Los dos funcionarios permanecen bajo custodia en el Centro de Detención del condado Caswell, donde esperan su primera comparecencia ante la corte. Las autoridades ordenaron su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.
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El caso ha generado atención en la comunidad local y reabre el debate sobre el uso de la fuerza en instalaciones penitenciarias, así como los mecanismos de supervisión sobre el personal encargado de la custodia de internos. Organismos estatales han reiterado la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema carcelario.
Por el momento, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre posibles medidas administrativas ni sobre la continuidad laboral de los implicados. El SBI mantiene la investigación abierta y no descarta la incorporación de nuevos elementos conforme avance el proceso.
