Iredell, NC.- El 20 de octubre de 2025, un robo de fibra óptica y alambre de cobre en Hickory Highway, Carolina del Norte, provocó una interrupción temporal del servicio de telecomunicaciones en la zona y desencadenó una investigación que terminó con dos personas arrestadas y acusadas de delitos graves.
El sheriff Darren Campbell confirmó que el ayudante J. Betts acudió al lugar tras recibir un reporte sobre la interrupción. Un técnico de AT&T había detectado una alarma que señalaba la caída de una torre móvil. Al llegar, el técnico observó a un hombre cargando grandes secciones de cable en el maletero de un Toyota Corolla. Antes de abandonar el área, logró tomar una fotografía del vehículo y posteriormente determinó que los delincuentes se habían llevado 300 pies de cable de fibra óptica y 300 pies de alambre de cobre, con un valor estimado de 4.500 dólares.
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Durante la investigación, el ayudante Betts logró identificar el vehículo y confirmó que el propietario era Afton McKenzie Rash, de 43 años, residente en Old Fort, Carolina del Norte. Con esta información, coordinó esfuerzos con la Oficina del Sheriff del Condado McDowell para localizar tanto el automóvil como a los responsables.
Los agentes de McDowell encontraron el vehículo sospechoso estacionado en una residencia y detectaron un segundo involucrado, identificado como Christopher Michael Laplante. Dentro del automóvil hallaron restos de alambre y una herramienta cortadora de tuberías, lo que reforzó las sospechas de su participación en el robo.
Con las pruebas reunidas, el ayudante Betts obtuvo órdenes judiciales contra Rash y Laplante por hurto agravado, daños a la infraestructura de servicios públicos y conspiración para cometer hurto. Ambos fueron incluidos en la lista de buscados por la Oficina del Sheriff del Condado Iredell.
Un día después, el 21 de octubre de 2025, los agentes del condado McDowell arrestaron a los dos sospechosos y los trasladaron al McDowell County Detention Center. Tras su comparecencia ante un magistrado, cada uno recibió una fianza garantizada de 15.000 dólares.
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El caso puso en evidencia el impacto que estos delitos tienen sobre la comunidad, al afectar redes esenciales de comunicación y causar pérdidas económicas significativas. Las autoridades locales recordaron que el robo de cables no solo constituye un crimen de propiedad, sino una amenaza directa a los servicios públicos y a la seguridad ciudadana.
