Charlotte, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó el viernes 3 de octubre la llamada “Ley de Iryna”, una norma que busca endurecer las sanciones contra la delincuencia tras el asesinato de Iryna Zarustka el 22 de agosto en la Línea Azul. La Asamblea General aprobó la legislación la semana pasada con apoyo mayoritario de los republicanos.
Everyone deserves to be and feel safe in their daily lives. We can and must do more to keep North Carolina safe. pic.twitter.com/re2u2kp15b
— Governor Josh Stein (@NC_Governor) October 3, 2025
La nueva ley, identificada como House Bill 307, elimina la opción de fianza sin efectivo en diversos delitos, impone cárcel con mayor frecuencia a personas con antecedentes penales violentos y ordena más capacitación para magistrados. leStein reconoció avances en la iniciativa, pero cuestionó su alcance y advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, resultan preocupantes.
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En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador aseguró que la norma no se centra lo suficiente en la amenaza que representan las personas, sino en su capacidad de pagar la fianza. Además, denunció que la Asamblea General intenta reintroducir la ejecución por fusilamiento en el estado. “Es una barbaridad; no habrá fusilamiento en Carolina del Norte durante mi mandato”, afirmó.
El caso de Decarlos Brown Jr., acusado de asesinar a Zarustka, estuvo en el centro del debate. Brown, con un largo historial delictivo, recuperó la libertad en enero tras un cargo no violento. Su madre declaró que le diagnosticaron esquizofrenia y que lo internaron en varias oportunidades contra su voluntad.
Varios demócratas también expresaron reservas sobre el proyecto aprobado y advirtieron que su aplicación podría agravar el hacinamiento en cárceles locales. Algunos sheriffs coincidieron con esa preocupación y llamaron a evaluar el impacto en el sistema penitenciario.
Junto con la firma de la Ley de Iryna, Stein pidió a la legislatura que estudie su propia propuesta de seguridad pública. Su plan contempla la contratación de más oficiales, la creación de programas para prevenir la violencia, la actividad de pandillas y el consumo de drogas.
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El gobernador destacó que la violencia no puede analizarse sin considerar dos factores centrales: el acceso a las armas y la salud mental. Propuso un enfoque que respete la Segunda Enmienda pero limite el acceso a armas para personas violentas o con enfermedades mentales graves. Además, defendió la aplicación de verificaciones de antecedentes exhaustivas como medida clave para reducir riesgos.
Stein concluyó que la seguridad de la comunidad requiere una visión más ambiciosa que combine sanciones firmes con prevención, atención en salud mental y regulaciones efectivas sobre armas.
