Washington.- La Casa Blanca a través del Consejo de Asesores Económicos (CEA), reveló un informe que detalla las graves y extensas consecuencias económicas del cierre del gobierno federal.
En un comunicado advierten sobre una reducción del crecimiento económico, un aumento del desempleo y graves interrupciones en servicios esenciales que afectan a millones de familias, veteranos y empresas en todo el país.
Según el informe, el impacto macroeconómico sería inmediato y severo. Citando estimaciones de Goldman Sachs, un cierre del gobierno reduciría el PIB en aproximadamente 15 mil millones de dólares por cada semana que se prolongue.
Además, se proyecta que un cierre de un mes podría dejar a 43.000 personas más desempleadas y reducir el gasto de los consumidores en 30 mil millones de dólares.
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En riesgo diversos programas de ayuda
De la misma manera, el documento subraya el impacto directo sobre los ciudadanos más vulnerables:
- Asistencia alimentaria: Los fondos para el programa WIC, que atiende a casi 7 millones de mujeres y niños pequeños, se agotarán en octubre, poniendo en riesgo sus beneficios. Del mismo modo, los beneficios de SNAP para más de 40 millones de personas, incluidos casi 16 millones de niños, se suspenderían después de octubre.
- Seguridad Social y Medicare: Aunque los pagos de la Seguridad Social continuarían, los beneficiarios enfrentarían largos tiempos de espera para servicios críticos como la verificación de beneficios y la obtención de tarjetas de Medicare de reemplazo.
- Servicios para Veteranos: La orientación profesional, la línea directa del GI Bill y las solicitudes de entierro para veteranos se verían afectadas.
- Más de 1.9 millones de empleados federales en todo el país se verían afectados, ya sea siendo suspendidos o viéndose obligados a trabajar sin pago puntual. Esto incluye a personal esencial como agentes de la Patrulla Fronteriza, personal de la TSA, controladores de tráfico aéreo y agentes del FBI y la DEA.
Por último, el informe advierte que en cierres anteriores, el ausentismo de los trabajadores de la TSA se triplicó, lo que podría causar retrasos en los viajes aéreos en todo el país. A diferencia de los empleados federales, los contratistas federales, que son millones, no tienen derecho a pago retroactivo, lo que resultaría en pérdidas salariales permanentes.
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