Michigan.- Un gran jurado federal en el Distrito Este de Michigan presentó una acusación formal de diez cargos contra dos individuos por su presunta participación en una conspiración de trabajo forzado y lavado de dinero.
En un comunicado del Departamento de Justicia, señaló que esta operación criminal habría victimizado a personas en múltiples estados, incluyendo Michigan, Florida, Texas y Misuri.
Los acusados, fueron identificados como David Taylor, de 53 años, y Michelle Brannon, de 56, quienes fueron detenidos en Carolina del Norte y Florida, respectivamente, como parte de un operativo nacional contra su organización.
Buscan combatir la trata de persona
Indicaron que las autoridades, incluyendo el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon del Departamento de Justicia, enfatizaron su compromiso inquebrantable para combatir la trata de personas y obtener justicia para las víctimas.
Two Self-Professed Religious Leaders Who Used Physical and Psychological Abuse to Coerce Victims to Solicit Tens of Millions in Donations Federally Charged and Arrested
“Combating human trafficking is a top priority for the Department of Justice,” said @AAGDhillon. “We are… pic.twitter.com/VoDPL6ovXN
— DOJ Civil Rights Division (@CivilRights) August 27, 2025
Al respecto, la fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr. destacó la importancia del esfuerzo conjunto con agencias federales y organizaciones no gubernamentales para el éxito de este tipo de casos.
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Según la acusación, Taylor y Brannon son los líderes de la Iglesia Global Reino de Dios (KOGGC), conocida anteriormente como Joshua Media Ministries International (JMMI). La organización operaba un centro de llamadas para solicitar donaciones diariamente.
De la misma manera, denunciaron que los acusados obligaban a sus víctimas a trabajar largas jornadas sin salario o a servir como «servidores personales» para Taylor, controlando cada aspecto de sus vidas, incluyendo dónde vivían y si podían salir.
Señalaron que se estima que la organización de Taylor recibió cerca de 50 millones de dólares en donaciones desde 2014, dinero que presuntamente se utilizó para adquirir propiedades de lujo, vehículos de alta gama y otros bienes suntuosos, bajo el pretexto de un ministerio religioso.
Por último, destacaron que los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por los delitos de trabajo forzado y conspiración para cometer trabajo forzado, y hasta 20 años por conspiración de lavado de dinero. La investigación estuvo a cargo del FBI y la División de Investigación Criminal del IRS.
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