Charlotte, NC.- Autoridades federales y locales en NC reportaron en los últimos días tres casos que reflejan la magnitud de los esfuerzos para combatir delitos graves, desde abusos sexuales hasta homicidios y violencia armada.
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El primero corresponde a Jack Edward Coles, ciudadano británico de 40 años, condenado a más de 15 años de prisión tras una investigación dirigida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los fiscales presentaron pruebas que confirmaron los abusos sexuales reiterados contra un adolescente de 14 años, a quien conoció mediante una aplicación de citas en 2024. Documentos del caso quedaron registrados en el sistema PACER con el número 25-cr-20073.
En paralelo, agentes de ICE Newark junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos arrestaron a Beltrán-Escobar, un ciudadano salvadoreño identificado como miembro de la pandilla MS-13. La policía de El Salvador lo había detenido previamente por homicidio agravado, y las autoridades estadounidenses ya lo habían deportado en dos oportunidades. Su historial delictivo y su reincidencia llevaron a la justicia a ordenar un nuevo proceso de expulsión. Mientras tanto, permanece bajo detención para garantizar la seguridad pública.
El tercer caso involucra a Jose Fredi Rivera-Mejía, alias Wilfredo López, un hondureño con un largo historial criminal en Estados Unidos. La policía de San Antonio lo responsabilizó de disparar contra varias personas el 10 de agosto, hecho en el que huyó acompañado de tres niños. Oficiales lograron detenerlo poco después del ataque y lo acusaron de asesinato, además de dos cargos por asalto agravado con arma mortal. Rivera-Mejía ya había sido deportado en tres ocasiones previas, lo que resalta la gravedad de su reincidencia en el país.
Las tres situaciones exponen un mismo patrón: la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas entre agencias locales y federales para enfrentar delitos violentos y proteger a la ciudadanía. Tanto los tribunales como los organismos de seguridad trabajan de forma coordinada para sancionar y, en los casos de criminales extranjeros, garantizar su deportación.
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Las autoridades reiteraron su compromiso de llevar a la justicia a quienes representan una amenaza directa para la población y recordaron que la cooperación ciudadana resulta clave en el proceso de prevención y denuncia de este tipo de delitos.
