Miami.- La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rechazó las acusaciones infundadas sobre el centro de detención “Alligator Alcatraz”.
En un comunicado, detalló que “casi a diario, mi oficina responde a preguntas de los medios sobre acusaciones FALSAS. Los medios parecen desesperados por que estas versiones sean ciertas, pero no lo son. No se están desbordando heces de los inodoros. Nadie ha muerto. Los incineradores no se utilizan con fines nefastos”.
“Este tipo de difamaciones contribuye directamente a que nuestros agentes de ICE enfrenten un aumento del 1000% en las agresiones en su contra”, declaró McLaughlin.
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“Alligator Alcatraz” cumple con los estándares federales
De la misma manera enfatizó que “estos son los hechos: Alligator Alcatraz cumple con los estándares federales de detención. Todas las instalaciones están limpias. Cualquier acusación de condiciones inhumanas es FALSA.”
Por otro lado, el comunicado detalló sobre las principales acusaciones y la realidad verificada
- Muerte de detenidos: FALSO. No ha habido fallecidos en Alligator Alcatraz.
- Uso de incineradores con fines ilícitos: FALSO. Rumores sin fundamento que comparan el centro con prácticas de regímenes totalitarios.
- Atención médica deficiente: FALSO. El detenido Luis Manuel Rivas Velásquez se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución; cuenta con antecedentes penales y acceso garantizado a atención médica.
- Condiciones insalubres (gusanos en la comida, inodoros desbordados): FALSO. Todas las instalaciones cumplen con normas federales de higiene y salubridad.
- Falta de acceso a abogados: FALSO. Existen espacios habilitados y canales oficiales para la comunicación entre detenidos y sus representantes legales.
- Huelga de hambre: FALSO. No se ha registrado ninguna protesta de este tipo.
- Propagación de enfermedades o inundaciones: FALSO. No hay brotes de COVID, tuberculosis ni inundaciones en el centro.
Por último, el DHS sostuvo que la repetición de rumores no verificados sobre centros de detención de inmigrantes indocumentados perjudica la seguridad pública, desvía la atención de las víctimas de delitos y erosiona la confianza en las instituciones.
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