Por: José López Zamorano / Para la Red Hispana
Las escenas de una ciudad militarizada por “Marines” y soldados federalizados de la Guardia Nacional, manifestantes ondeando la bandera mexicana y demandas legales, son expresiones de una batalla política entre el presidente republicano Donald Trump y el gobernador demócrata Gavin Newsom.
Pero también son resultado de tensiones mayores: un choque de visiones sobre inmigración y derechos civiles, un campo de batalla del conflicto federalismo vs centralismo y un catalizador de la movilización social en comunidades migrantes, entre otras.
En un nivel más alto, Los Ángeles es un laboratorio sobre los límites del poder presidencial, pero también de la capacidad de resistencia de la sociedad civil.
La crisis se enmarca en el contexto de la política migratoria federal impulsada por la administración Trump, que ha endurecido las redadas y deportaciones.
Posturas de ciudades santuario
California, y en particular Los Ángeles, históricamente han adoptado posturas de espacio santuario, con leyes y políticas que limitan la cooperación local con agentes de inmigración federales.
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La intervención militar es vista por el gobierno estatal como una violación del federalismo y de la autonomía de California.
Al mismo tiempo la confrontación entre el presidente Trump y el gobernador Gavin Newsom refleja la polarización partidista: Trump usa la retórica de «ciudad invadida por criminales» para movilizar a su base.
Durante la pandemia de COVID-19, esos mismos migrantes fueron considerados por Trump como “trabajadores esenciales”.
Newsom y el fiscal Rob Bonta responden con acciones legales y denuncias de abuso de poder federal. Para el gobernador las acciones del presidente son “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
Campos de Batalla
A nivel social, los sucesos son también un campo de batalla entre visiones opuestas sobre la identidad nacional y los derechos de los migrantes.
Las protestas migratorias en LA responden al uso de operativos policiacos contra comunidades migrantes y la amenaza de deportaciones masivas, pero se han extendido a raíz de la militarización de la ciudad, cuyo centro ha sido declarado “un sitio ilegal de reunión”.
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Para los grupos progresistas, la presencia de banderas mexicanas refleja una afirmación de identidad cultural y resistencia.
Para los grupos conservadores, las banderas son prueba de «deslealtad» y alimentan la narrativa de «invasión», a pesar de que muchos de los manifestantes son ciudadanos estadounidenses.
Pero más allá de todo análisis político, lo que no se vale son actos de violencia o vandalismo por parte de los manifestantes, como tampoco acto de abuso de la fuerza de la policía o de militares que fueron entrenados para usar fuerza letal pero no para lidiar con una sociedad civil que tiene derecho a manifestarse pacíficamente.
Hay que poner mucha atención. Los Ángeles puede ser parteaguas de un antes y un después en la historia del país, porque está en juego los límites constitucionales del poder presidencial, la autonomía de los estados y el papel de las comunidades migrantes en el futuro de Estados Unidos.
